Desde la formación sindical denunciaron que con este cambio organizativo se priva a la ciudad de “un servicio especializado en asuntos de violencia de género y menores en situación de riesgo”, con una amplia formación y una prolongada experiencia en este campo.
De igual modo, Uspla recordó que los funcionarios integrados en esta unidad -compuesta en un 40 por ciento por mujeres- tienen una estrecha relación con las asociaciones que luchan contra la violencia de género, caso de la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent, así como con la Fiscalía y el propio juzgado especializado en violencia de género.
En contrapartida, los profesionales integrados en la unidad de Atestados sólo habrían recibido un curso especializado de cinco días de duración antes de comenzar, el pasado fin de semana, con la asunción de las competencias de sus compañeros en las funciones de guardia, las cuales se agregan a las que ya tenían relacionadas con las incidencias de tráfico y controles de alcoholemia. Ello es entendido también por parte de Uspla como “una sobrecarga de trabajo”.
De igual modo, desde Uspla denunciaron que de los 10 funcionarios de Atención a la Familia, dos han sido pasados a labores administrativas, copando plazas que a su entender debían estar cubiertas con policías en segunda actividad.
La pérdida de las guardias supondrá igualmente para los policías del grupo una reducción en sus honorarios que podría estar situada en torno a los 200 euros, explicaron desde Uspla.
Inspecciones de guardia
Por otra parte, fuentes oficiales de la Policía Local informaron de que el cuerpo municipal podrá tramitar las inspecciones de guardia derivadas de sus actuaciones en la propia jefatura local sin tener que pasar por la Oficina de Denuncias del Cuerpo Nacional en virtud de un acuerdo alcanzado en la Junta Local de Seguridad.
