La gestión del Gobierno para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus o la falta de material de protección individual en distintos colectivos para evitar el contagio son algunos de los asuntos que han inundado los juzgados y tribunales de toda España en seis semanas de confinamiento, pese a que tan sólo se están tramitando asuntos esenciales.
Incluso el propio Real Decreto-Ley del pasado 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para contener la pandemia, ha sido llevado a los tribunales. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha pedido a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado que informen sobre si se debe suspender una de las medidas acordadas, la restricción de libertad de movimientos, tal y como solicitan varios particulares que consideran que sus derechos fundamentales se están vulnerando.
De momento, se ha dado a conocer la postura de la Fiscalía, que se opone a que el decreto, así como sus sucesivas prórrogas, se suspendan al entender que no se han alegado razones suficientes para acreditar que las limitaciones a la movilidad "no sean idóneas y eficaces para combatir la epidemia". Además apunta que la competencia para pronunciarse sobre decretos es del Tribunal Constitucional.
El tribunal de garantías tiene la posibillidad de revisar el mencionado decreto, ya que el partido político Vox ha presentado un recurso de inconstitucionalidad al considerar que éste supone una suerte de "estado de excepción" encubierto. Los magistrados aún tiene que decidir si admiten a trámite el recurso o no.
Pero al igual que el partido de Santiago Abascal, lo cree un grupo de juristas que han instado al defensor del Pueblo a que impugne ante este tribunal el decreto del estado de alarma y sus prórrogas por ser "la mayor suspensión de derechos fundamentales en la historia de nuestra democracia".
QUERELLAS CONTRA EL GOBIERNO EN EL TRIBUNAL SUPREMO
El Gobierno y alguno de sus ministros también han sido objeto de querellas en el Tribunal Supremo, ante el que están aforados, por parte de distintos colectivos y particulares que han denunciado las medidas adoptadas para gestionar la crisis sanitaria y que, a su vez quieren que ordene al Ejecutivo que distribuya con urgencia material de protección individual. También, piden que se investigue si hubo falta de prevención del riesgo de contagio.
Así, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido denunciado por un delito de prevaricación administrativa por permitir la celebración de concentraciones multitudinarias en los días previos a la declaración del estado de alarma, como la marcha por el Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo, desoyendo las advertencias que el 2 de marzo hizo el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades sobre el riesgo de contagio por el Covid-19. El alto tribunal aún no se ha pronunciado sobre si admite a trámite esta denuncia.
Sin embargo, sobre estos mismos hechos, la juez instructora de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, sí que ha decidido abrir causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación administrativa. La magistrada investiga si recibió y obvió las alertas sanitarias al permitir las manifestaciones.
Por otro lado, la asociación Abogados Cristianos también se ha dirigido al Supremo en dos ocasiones. Una de ellas ha sido para presentar una querella contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por prevaricación, prohibición e interrupción de culto por el desalojo de algunos templos mientras se estaba celebrando misa.
La otra va dirigida contra el Gobierno por los delitos de omisión del deber de socorro y prevaricación en la gestión de la crisis sanitaria. En esta última, solicitó que se obligara al Ejecutivo a repartir de "inmediato" material sanitario a los centros sanitarios y residencias de ancianos y de personas con discapacidad, si bien, los magistrados rechazaron tal pretensión.
También Vox se ha querellado contra Sánchez y su Gobierno por una serie de "inacciones, omisiones, ocultaciones y de falta de previsión" que han cometido durante la gestión de la pandemia. Por todo ello, le responsabiliza de todas las muertes por coronavirus que ha habido en España.
FALTA DE MATERIAL DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Por la falta de material de protección individual son la mayoría de querellas y denuncias que se han interpuesto contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como ha hecho la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), el Consejo General de Enfermería o la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en las últimas semanas.
Hasta el momento, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha acordado requerir a Sanidad la adopción "de todas las medidas a su alcance para que tenga lugar efectivamente la mejor distribución de los medios de protección de los profesionales sanitarios", y que le informe cada 15 días de las medidas adoptadas para el efectivo cumplimiento de esta orden.
Se trata de una medida cautelar propia que ha adoptado el tribunal al estudiar uno de los recursos presentado por CESM, que solicitaba que el Ministerio dotara urgentemente la dotación de los equipos de protección individual (EPI) a los sanitarios, algo que el Supremo desestimó. Esta asociación de médicos también ha anunciado una querella contra Illa por la distribución de una gran partida de mascarillas defectuosas, que ya han sido retiradas.
Pero no sólo el Tribunal Supremo ha tenido que afrontar demandas contra la falta de material para prevenir el contagio, sino que distintos colectivos profesionales como sanitarios, funcionarios, fiscales o policías han acudido a juzgados ordinarios de toda España para instar a los jueces a que obliguen a las consejerías autonómicas correspondientes, así como departamentos centrales, que repartieran de dicho material para poder seguir desarrollando sus funciones laborales.
Los jueces no tienen un criterio unánime sobre si se debe requerir a las autoridades que distribuyan en 24 horas mascarillas, guantes, geles hidroalcohólicos y gafas de protección a los distintos colectivos que lo solicitan, pues hay quienes sí han estimado estas peticiones y otros magistrados que han considerado que no era oportuno hacerlo puesto que la falta de material es algo genérico en todos los sectores.
INVESTIGACIONES A RESIDENCIAS DE ANCIANOS Y LA DIFUSIÓN DE BULOS
Por su parte, la Fiscalía también está investigando el estado de las residencias de ancianos al tratarse de uno de los grupos de riesgo más vulnerables al coronavirus. Según, los últimos datos que ha ofrecido el Ministerio Público, 86 residencias están siendo investigadas penalmente.
Además, constan abiertas 126 diligencias civiles, en relación con el amparo de los derechos individuales y colectivos de las personas en situación de vulnerabilidad. Algunos juzgados de instrucción ordinarios ya han abierto investigaciones contra centros de mayores.
También la creación y difusión de informaciones falsas son objeto de investigación por parte de la Fiscalía, después de que Unidas Podemos haya denunciado tres bulos. De momento, sólo se han incoado diligencias de investigación en relación a dos de ellos.
Otro de los asuntos que se han llevado a los tribunales en estas últimas semanas ha sido los conflictos relacionados con el régimen de custodia, de visitas y estancias de hijos de padres divorciados, sobre el que los jueces también han discrepado. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó el pasado 20 de marzo que corresponderá a cada juez la decisión de si suspende el régimen establecido o no.
