El sector de Sanidad de CSIF Cádiz quiere mostrar públicamente su preocupación por el alcance que pueda tener el uso extendido de las mascarillas defectuosas –ya retiradas- en la mayoría de los hospitales públicos de la provincia y todos los centros de salud. Esta mañana, CSIF ya contabilizaba doce sanitarios aislados por sospechas de ser positivos solo en la UCI del Hospital Puerta del Mar.
Parece ser que el Servicio Andaluz de Salud ha estado practicando los tests pertinentes a lo largo de este fin de semana a quienes han estado en contacto directo con el virus, tal y como exigió esta central sindical en cuanto se tuvo noticia de la retirada de dicho material. Aun así, este sindicato teme que el número de personal contagiado por este motivo sea aún mucho mayor, extremo que se irá conociendo en las próximas horas o días, a medida que salgan los resultados de los análisis en el resto de centros sanitarios de la provincia de Cádiz.
Desde CSIF se recuerda que estas mascarillas Gerry Galaxy modelo N95, cuya retirada fue ordenada el pasado viernes por el Ministerio de Sanidad al no reunir las condiciones de protección necesarias ni cumplir con la normativa europea, llegaron a los hospitales y centros de salud de Cádiz hace semanas, por lo que son muchos los profesionales de diferentes categorías los que han estado expuestos.
Ante esta situación, el sindicato ha pedido que se convoquen con urgencia y de manera excepcional los comités de seguridad y salud para abordar este asunto.
Para el responsable provincial de Sanidad de CSIF Cádiz, Alberto Puyana, “es escandaloso que la Administración haya enviado a los profesionales que están en primera línea de lucha frente a la pandemia con un material que no garantiza su protección y la de las personas a las que atienden”. En este sentido, el sindicato exige que se realice un “exhaustivo seguimiento de la trazabilidad de todos los productos sanitarios que les lleguen a los y las profesionales para su uso”, sea cual sea su procedencia.
CSIF critica la falta de previsión, así como la improvisación de las autoridades sanitarias, que vuelven a retirar material de protección por no cumplir éste con los estándares de calidad. Este error supone un doble perjuicio: el que sufrirán de nuevo las arcas públicas por la compra de un material inservible, y sobre todo el que sufren los trabajadores que han estado usando unas mascarillas que no realizaban su función de protección frente al COVID-19.
