Este lunes arranca el tercer trimestre sin certeza alguna sobre si se reanudarán las clases presenciales en algún momento de este curso y con la comunidad educativa inmersa en un profundo debate acerca de si es conveniente o no avanzar en las materias educativas y de qué manera afrontar la evaluación.
“No parece prioritario continuar con contenidos ni examinar cuando llevamos un mes con los niños encerrados”, opina Leticia Vázquez, presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de Cádiz (Fedapa). En el mismo sentido se expresa Manuel Holgado, el presidente provincial de Escuelas Católicas, quien asegura que el problema “es que tenemos a familias confinadas en situaciones laborales complicadas”.
Pero la Consejería de Educación ha dictado que “se debe garantizar la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje”, según la circular de 2 de abril de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, y que habrá que evaluar. El texto, sin embargo, es inconcreto, en opinión de Fedapa y Escuelas Católicas y, además, carga en el profesorado la responsabilidad de “adecuar las programaciones didácticas o guías docentes a contenidos, metodología y procedimiento de evaluación y calificación”.
“Los docentes estamos haciendo una labor encomiable. De un día para otro se ha tenido que cambiar la metodolodía de arriba a abajo con medios propios y con algunos compañeros que no tenían ni wifi porque estaban de alquiler en una localidad que no era la suya”, explica David Vargas, responsable de interinos de Ustea Cádiz, pero advierte de las dificultades de que el alumnado siga el mismo ritmo por la brecha digital y económica. “Un número destacable no tiene acceso a internet o lo tienen de manera tan limitada como puede ofrecer un teléfono móvil”, añade.
La Consejería de Educación es consciente del problema. En la citada circular aborda esta cuestión estableciendo que, si no es posible la comunicación telemática, se llevará a cabo a través de contacto telefónico o correo postal. Y, de cara a futuro, se compromete a que “este alumnado será atendido de forma prioritaria en el momento en el que se produzca la reincorporación del mismo a la actividad lectiva presencial, mediante un programa de refuerzo de los aprendizajes desarrollados durante este periodo”.
Pero no aclara cómo salvar el problema de los exámenes. “Tal vez ya no valgan”, apunta Manuel Holgado, quien señala que tampoco existen directrices para abordar la Formación Profesional (FP). Los estudiantes de segundo de ciclo tendrían que haberse incorporado ya a prácticas en empresa para completar hasta 200 horas. La enseñanza práctica de los alumnos de FP básica, la mitad del currículo en especialidades como jardinería o servicios auxiliares de oficina, tampoco se puede ejecutar.
“Las herramientas más básicas de comunicación (las plataformas Moodle o Pasen) no eran usadas antes de la crisis”, remarca Leticia Vázquez, ni están funcionando adecuadamente. “El derecho a la educación se está viendo mermado y no se puede evaluar a todos de la misma manera”, defiende, además de que “los padres no estamos preparados para ser docentes”. Y la Junta parece no tener claro cómo abordar el tercer trimestre.
Lo que se ha hecho hasta ahora por parte de todos los actores implicados “se ha hecho con las mejores intenciones pero no desde los mejores criterios. Quizá haya que reducir contenidos, reforzar en septiembre y preocuparnos ahora solo de la salud”, sugiere.
Kichi carga contra la concertada
El alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, denunció por medio de sus redes sociales las quejas de familias gaditanas de algunos coles concertados porque “les están cobrando la cuota voluntaria a pesar de que no pueden pagar ahora”. El primer edil tachó la práctica de “tremendamente insolidario” y remarcó que “es ilegal ahora y siempre”. “Una estafa”, remachó. El presidente provincial de Escuelas Católicas, Manuel Holgado, negó la mayor y subrayó que “es una aportación voluntaria, si se ha pasado, basta con devolver el recibo”. Asimismo, remarcó que “no se ha cobrado ningún servicio no prestado” y valoró que no se hubiera solicitado ningún expediente temporal de regulación de empleo. “El personal, docente o de administración y servicios, sigue en los centros. Hemos intentado no dejar a nadie colgado”, agregó.
