Facua ha anunciado que recurrirá la decisión del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, que ha acordado, a petición de la Fiscalía, la puesta en libertad provisional desde este martes y sin fianza del propietario y administrador único de Magrudis e hijo del gerente, Sandro José Marín Rodríguez, y de su padre, el 'administrador de hecho', José Antonio Marín Ponce, ambos investigados y en prisión provisional desde el día 26 de septiembre de 2019 por el brote de listeriosis producido el verano del pasado año.
En un comunicado, Facua señala que la instrucción "no puede considerarse ni mucho menos concluida" y que, "precisamente en base al resto de actuaciones que pudieran practicarse", estudiará pedir la citación de cuantas otras personas hubieran podido resultar responsables.
Recuerda que ambos encausados estaban en prisión desde el día 26 de septiembre al ser "los principales acusados de los delitos objeto de la instrucción judicial por el brote de listeriosis detectado en verano a causa de sus productos".
Faua considera "inaceptable haber tenido conocimiento por la prensa" tanto de la petición de la Fiscalía como del auto de puesta en libertad. "El juzgado no ha realizado las notificaciones previamente a la asociación ni al resto de acusaciones", asegura.
Asimismo, la organización critica que "no se haya solicitado" la posición del resto de partes respecto a la solicitud del Fiscal relativa a la puesta en libertad. Critica además que la puesta en libertad se haya decidido "precisamente tres días después de haberse decretado el estado de alarma, que se desconoce cuándo finalizará, durante el que los encausados no tendrán que realizar ninguna comparecencia con la que se verifique que no se han dado a la fuga".
En el auto, recuerda que la instructora considera que "las circunstancias que concurrían en el momento de dictar la medida cautelar, en el día de hoy han cambiado sustancialmente". "La presente investigación se encuentra", añade, "al menos en lo que son diligencias de investigación, prácticamente terminada, a la espera únicamente de informes periciales ampliatorios, informes médicos y ofrecimiento de acciones a los perjudicados".
Facua discrepa de estos posicionamiento, al entender que "debe continuarse la investigación a fin de no sólo contrastar los datos que han sido aportados por los testigos al procedimiento, sino investigar si existen otras personas que pudieran ser responsables por parte del Ayuntamiento o de la Junta de Andalucía".
"Más, habida cuenta el déficit en las labores de inspección de la Administración, la cual no sólo no se percató de la existencia de errores en la documentación que los investigados le entregaron hasta que estalló la alerta sanitaria, sino que no ha llevado a cabo todas las inspecciones y supervisiones que resultaban necesarias en las instalaciones de la mercantil y que podrían haber evitado el brote de listeriosis sufrido", recalca.
Añade que, para la instructora del caso, la puesta en libertad "no conlleva riesgo de que puedan ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba relevantes", hecho que considera la magistrada "prácticamente inexistente". En cuanto al riesgo de fuga, la jueza señala que ha disminuido "dadas las circunstancias que concurren" y también una vez decretado "el estado de alarma y limitada por tanto la libertad de circulación de las personas, que únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las actividades que indica" el artículo 7 del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo.
Sin embargo, Facua considera que sigue existiendo riesgo de fuga "tal y como advirtió la propia magistrada en el auto de ingreso en prisión, dada la gravedad de los hechos imputados y la pena que pudiera imponerles".
