El próximo 14 de marzo se celebra el día europeo Contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario y, por este motivo, el sindicato CSIF ha hecho balance de la situación en la provincia de Huelva durante 2019. Según los datos oficiales de la Junta de Andalucía, a los que ha tenido acceso este sindicato, el pasado año se registró un total de 126 agresiones, de las cuales 13 (un 10,3%) fueron físicas y 113 (89,6%) verbales, como gritos, amenazas o insultos. Estos datos suponen que cada casi tres días (2,8) se produce una agresión en la provincia de Huelva.
Del total de agresiones físicas y verbales que se registraron en la comunidad andaluza el año pasado -explica CSIF- las cifras en el ámbito onubense supusieron un 10,34%sobre el total de 1.218agresiones en Andalucía. Huelva es la quinta provincia en número de agresiones por detrás de Sevilla, Málaga, Cádiz y Córdoba.
En relación a los datos comparativos con el año 2018, las cifras reflejan un descenso de 9 agresiones en el total registrado, aunque hubo una física más. Esto ha elevado el porcentaje de ataques físicos de un 8,8% a un 10,3% en 2019en la provincia de Huelva.
Sobre esto, el responsable provincial del sector de Sanidad de CSIF, César Cercadillo, ha indicado que la leve bajada en el número de agresiones es “poco significativa” ya que se superan las 120 agresiones en la provincia, “un dato que sigue siendo elevadísimo”. Cercadillo apunta, además, que “hay muchas más agresiones de las que constan en este registro oficial ya que no todas se denuncian”.
El responsable de CSIF asegura que “esta situación, que se repite año tras año sin mejorar sigue provocando un clima de inseguridad para los profesionales. Algo está fallando; desde los planes de prevención hasta los protocolos de intervención. No es lógico ni justo que los profesionales tengan que acudir a sus puestos de trabajo con miedo, con tensión y con la preocupación no sólo de atender a sus pacientes sino también de poder ser agredidos en cualquier momento”.
Régimen sancionador
Como medida preventiva ante las agresiones, el sindicato CSIF ha reclamado una serie de modificaciones de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, con el objetivo de adecuar el régimen sancionador establecido ante casos de agresiones a los empleados públicos que trabaja en centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía, de manera que sirva de medida disuasoria frente a conductas de este tipo.
En concreto, las modificaciones de la Ley 16/2011 que plantea CSIF van en la línea de que “todas las infracciones sean explícitamente expresadas”, de forma que no existan márgenes de interpretación para que alguna de las conductas de este tipo queden sin sancionar.
Asimismo, se propone un nuevo apartado en la citada norma para que en los supuestos referidos a las infracciones muy graves--, la competencia para iniciar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores, así como el ejercicio de la potestad sancionadora corresponda a los órganos de la Consejería competente en materia de salud. Con ello, CSIF propone que la Administración sanitaria actúe de oficio en estos casos.
Otro de los cambios que propone la central sindical es incluir un nuevo apartado con el que quedarían incluidos todos los empleados públicos que trabajan en estos centros, como administrativos o celadores.
Igualmente, los insultos y las faltas de respeto, que actualmente no están incluidos como infracciones muy graves, quedarían recogidos en el régimen sancionador de la Ley de Salud Pública de Andalucía, en virtud de la propuesta realizada por el sindicato.
Respecto al Plan de Prevención y Atención de agresiones para los profesionales de Sistema Sanitario Público Andaluz, aprobado recientemente en Mesa Sectorial, CSIF ha valorado el consenso alcanzado entre los sindicatos respecto a este documento, si bien ha querido matizar que “llama poderosamente la atención que los principios sobre los que se basa dicho plan, se pase de puntillas por las obligaciones de los usuarios, dejando su cumplimiento a la voluntariedad, puesto que no se contempla regulación sancionadora alguna”.
En la provincia de Huelva, además, se ha pedido a la delegada territorial que se nombre a un abogado en exclusiva para atender los casos de agresiones y así poder agilizar todos los procesos.
