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Doce educadores arcenses, ante un futuro laboral incierto

El Personal Técnico de Integración Social reclama a la Junta de Andalucía su subrogación y la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público

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Un grupo de arcenses se desplazó a Sevilla para tomar partido en la movilización ante la Junta.

Un grupo de arcenses se desplazó a Sevilla para tomar partido en la movilización ante la Junta.

Un grupo de arcenses se desplazó a Sevilla para tomar partido en la movilización ante la Junta.

 Comisiones Obreras (CCOO) convoca nuevas concentraciones ante las sedes de las delegaciones del Gobierno de la Junta y de la Consejería de Educación, los días 22 y 29 de este mes, en demanda de la subrogación del Personal Técnico de Integración Social de los centros de la provincia de Cádiz. Así continúan sus movilizaciones tras la llevada a cabo este miércoles en Sevilla. Sus representantes señalan que desde que Intervención General de Hacienda de la Junta de Andalucía exige que el servicio de Apoyo y Asistencia al Alumnado con Necesidades Educativas Especiales no se puede contratar a través de la Agencia Pública de Educación, la Consejería ha comunicado a los trabajadores del sector y al Personal Técnico de Integración Social, la intención de transformar sus puestos de trabajo -actualmente ocupados- en puestos de personal laboral de la propia Junta. Esta situación afecta en el caso de Arcos de la Frontera a unos doce trabajadores de seis centros educativos diferentes (colegios San Francisco, El Santiscal, Vicenta Tarín, Campoameno e  IES Guadalpeña). A nivel provincial, los afectados son 245 trabajadores; en Andalucía, 1.200, a los que se suman 700 trabajadores de Interpretación de Signos.

Según señala CCOO, tras varias propuestas por parte de la Consejería de cómo absorber los puestos para convertirlos en públicos en el periodo 2020-2022, la Administración autonómica manifiesta que quiere contar con la experiencia del personal que trabaja actualmente, y que la única forma de hacerlo debe ser a través de la bolsa de trabajo.

Las mismas fuentes informativas apuntan que “desde julio de 2019 han prometido a los trabajadores y trabajadoras que iban a reconocer su experiencia laboral, a través de informes de inspección educativa y conceder certificado de profesionalidad, pero todo ha quedado en eso, en promesas”.

“Defendemos que la solución para los 219 trabajadores de la provincia pasa por que se subrogue al personal, que se mantengan los empleos y que nadie pierda su puesto”, manifiesta CCOO, que exige por tanto una negociación y la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, subrogando el personal externalizado.

Por todo ello, el comité de empresa apoyará las movilizaciones convocadas por el sindicato CCOO, incluida la huelga en el sector.

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