Un jurado popular tiene previsto juzgar a partir de esta semana a cuatro hombres acusados en relación con el asesinato de Lucía Garrido, la mujer hallada sin vida en 2008 en la finca en la que residía en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre. Entre los procesados se encuentra su expareja.
El cuerpo de la mujer, de 35 años, apareció el 30 de abril de 2008 flotando en la piscina de la finca, donde antes de 2006 había vivido con su hija y con su pareja, ahora acusado. En el momento de los hechos no se acusó a nadie, pero la investigación se reabrió ocho años después y actualmente en la causa hay dos acusaciones particulares, en representación de la familia, además de la Fiscalía.
La selección de los miembros que formarán parte del jurado y la constitución del Tribunal popular será el lunes 16 de septiembre y las sesiones del juicio seguirán el miércoles día 18, prolongándose durante toda la semana y la siguiente. Declararán más de 80 personas, entre testigos y peritos.
La Fiscalía acusa a dos hombres por un delito de asesinato, uno como presunto autor material y otro como intelectual, que era agente de la Guardia Civil. Las acusaciones particulares acusan a ambos y, además, a otros dos hombres, entre ellos el exmarido --al que no acusa el fiscal-- por un delito de asesinato como supuesto autor intelectual y por otro de malos tratos habituales.
Según el fiscal, el exmarido estaba "en connivencia" con personas del Seprona de la Guardia Civil en operaciones de compraventa e intervención de animales exóticos; apuntando que este procesado, además, ha estado "involucrado" en asuntos de tráfico de drogas, siendo la finca utilizada "como guardería o almacén de dichas sustancias estupefacientes".
Tras el divorcio, dice el ministerio público en su escrito provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado utilizaba el almacén de la finca para dichos negocios, pero la mujer vivía en la casa, siendo "testigo directo y presencial de tales actividades, lo que por sí mismo la convirtió en motivo suficiente para que esta representara una amenaza".
El fiscal apunta que ese conocimiento que la víctima tenía de lo que ocurría "podía poner en peligro la impunidad" con la que el acusado como autor intelectual, agente de la Guardia Civil, "y las personas con él concertadas gestionaban sus actividades ilícitas". "En ese entorno surge la idea de diseñar un plan para acabar con la vida" de la mujer, señala esta parte.
"ELEMENTO INCÓMODO"
"La idea de acabar con la vida de Lucía es diseñada y parte" de este acusado, sostiene inicialmente la acusación pública, que añade que la mujer era "un elemento incómodo"; apuntando que el "escenario hostil" entre esta y su exmarido "hizo favorable la toma de ciertas decisiones como pudo ser la planificación de la muerte".
Para el fiscal, el entonces agente contactó con el otro procesado como supuesto autor material, al que "facilita los medios de información para asegurar el plan", siendo "una auténtica obsesión para ambos el acabar con la vida de la mujer" para evitar fugas de información.
Esta acusación sostiene que el asesinato presuntamente se gesta "mediante precio concertado" entre los dos, con una cantidad "indeterminada", pero que pudo ser la de 30.000 euros; "sin que existan pruebas de la participación de su exmarido en la toma de esta decisión última".
Según el escrito de la Fiscalía, el día de los hechos, una o varias personas, entre ellas el acusado de ser el presunto autor material, estaban esperando en la casa a la mujer, que "fue golpeada en la parte posterior de la cabeza de forma reiterada con un ladrillo" y luego "fue apuñalada en el cuello" para finalmente "ser arrojada a la piscina donde falleció por asfixia tras herida vital en la región cervicolateral izquierda".
Años después de los hechos, en 2016, se efectuaron nuevos análisis biológicos a una llave encontrada en la finca y los resultados de dichas pruebas fueron que "los restos y perfil de ADN encontrado pertenecen" al hombre acusado como presunto autor material que actuó "solo o en compañía de otros" para asegurar el plan acordado con el otro procesado.
El fiscal acusa a los dos hombres de un delito de asesinato, a uno como autor director y a otro como autor intelectual, solicitando para cada uno de ellos una pena de 23 años y medio de prisión y el pago de una indemnización de casi 500.000 euros a los familiares de la fallecida.
Por su parte, las acusaciones particulares achacan al exmarido un delito de malos tratos habituales --que para el fiscal está prescrito--, solicitando tres años de prisión. Asimismo, le acusan como autor intelectual de un delito de asesinato, junto a otros dos procesados, pidiendo para cada uno 25 años de cárcel. Por último, piden la misma pena para el acusado como presunto autor material, para el que solicitan, además, cuatro años más por allanamiento de morada.
Estas acusaciones sostienen que la expareja tenía "la imperiosa necesidad de contar con plena disposición de la vivienda y la finca" y que presuntamente "la amenazó y maltrató" tras la separación para que se fuera del lugar, aludiendo también a presuntas relaciones con un grupo de tráfico de drogas y coincidiendo con el fiscal en que la presencia de Lucía "impedía el desarrollo de estas actividades".
Pero, las acusaciones particulares entienden que para "eliminar molestos testigos de las actividades" presuntamente el exmarido "instigó, indujo y/o solicitó a algunos de los componentes del grupo delincuencial a cometer el asesinato" de la mujer, para lo que "proporcionó a tales personas los medios necesarios", como la llave de la finca, y la información.
En sus conclusiones iniciales, estas partes señalan que "solicitó, propuso y/o indujo" a los otros acusados "eliminar el grave peligro que suponía la información que tenía Lucía" y añade que "maquinó una coartada" para el día de los hechos, como fue un viaje a Cádiz.
