Así, tras recibir hace dos meses (en concreto, el 31 de julio) el decreto firmado por la fiscal Patricia Navarro, desde la formación conservadora decidieron guardar silencio hasta decidir qué medidas llevar a cabo. En este sentido, la que fuera concejala popular y actual parlamentaria andaluza, Teresa Ruiz-Sillero, ha adelantado que el PP estudia la posibilidad de presentar una querella criminal, “aunque aún no se ha concretado qué vamos a hacer hasta que la asesoría jurídica del partido analice el decreto de Fiscalía”.
A pesar de ello, la que fuera edil hasta el pasado mes de diciembre ha pedido la dimisión de la delegada municipal de Economía y Hacienda, Manuela Moreno, y del alcalde de la ciudad, José María Román, al que ha catalogado de “primer regidor de España con certificado de ineptitud y negligencia”.
Nueva denuncia en Fiscalía
Por si fuera poco, días antes de conocer el decreto, en concreto, el 1 de julio, el PP volvió a acudir a Fiscalía para denunciar a los responsables municipales del PSOE durante el periodo comprendido entre 1999 y 2002. En este caso, denuncian el archivo de 306 actas de infracción urbanísticas planteadas por los cuatro inspectores de la Gerencia de Urbanismo.
De todas formas, la denuncia no sólo se ha centrado en estos expedientes, sino que desde el PP creen que “los inspectores denunciaron más casos de construcciones sin permisos, pero éstos se dejaron en un cajón”.
