El juicio por malversación en la Fundación Camilo José Cela, en el que se juzga a la viuda del nobel, Marina Castaño, y al exconselleiro de Manuel Fraga Dositeo Rodríguez, su hija y el exgerente de la entidad, ha arrancado este lunes en la Audiencia Provincial de Santiago con la petición de sobreseimiento de la causa y la nulidad del registro realizado en julio de 2012 en el que se incautó la información relativa al despido de Tomás Cavanna.
Precisamente, el juicio dirimirá si hubo simulación del despido del gerente de la Fundación Cela, por el que se indemnizó a Cavanna con 150.000 euros procedentes de fondos públicos en el año 2010.
En las cuestiones previas, la defensa de Marina Castaño --que fue vicepresidenta y presidenta de la fundación-- cuestionó desde la "falta de legitimidad" de la personación del Estado en este juicio, como la causa en sí misma, puesto que alegó que los hechos que se juzgan sucedieron dos años antes de que la fundación se convirtiese en una entidad pública (2012).
De hecho, ha llamado la atención sobre el hecho de que no se ha acusado a ningún miembro de la Xunta, que entonces formaba parte del patronato y luego rescató la fundación. "En ningún momento se acusó a los responsables de la Xunta por haber librado los fondos", ha señalado en referencia a la indemnización por despido al que era gerente, Tomás Cavanna.
Por su parte, la defensa del exgerente también pidió la nulidad del registro efectuado en julio de 2012, ya que atribuye este juicio a un "hallazgo casual" encontrado en aquella ocasión y pidió la "nulidad" de de todos lo correos recogidos en aquel registro. "Estaríamos locos si ante la posible comisión de un delito cerrásemos los ojos", le respondió, posteriormente, el fiscal, Álvaro García Ortiz.
Los letrados de Dositeo Rodríguez y su hija se adhirieron a las cuestiones previas planteadas con anterioridad. Mientras, el abogado del Estado también defendió la legitimidad, ya que cuando sucedieron los hechos era patrono de la Fundación situada en Iria Flavia, en Padrón (A Coruña).
Por otro lado, los abogados del exconselleiro de Manuel Fraga y su hija renunciaron a dos testigos, entre ellos, el ahora conselleiro de Facenda y entonces patrono de la fundación como miembro de la Consellería de Cultura, Valeriano Martínez.
MARINA CASTAÑO: "MUY BIEN"
A su llegada, Marina Castaño ha respondido con un "muy bien" cuando ha sido preguntada por como afronta el juicio, que la sienta en el banquillo por un delito de malversación junto a la hija de Dositeo Rodríguez, Covadonga Rodríguez --que sustituyó al gerente de la fundación--, y el que era gerente, Tomás Cavanna, que no quiso hacer declaraciones a las puertas del juzgado.
La denunciante inicial de los hechos y testigo en el juicio Lola Ramos, que representa la acusación particular, ha afirmado que fue empeño de Marina Castaño elevar la indemnización a esa cuantía (asegura que le correspondían unos 90.000 euros), algo que atribuye a que Cavanna "le quitó las castañas del fuego" siempre a la viuda. Aseguró, además, que tiene "documentos" que acreditarán sus acusaciones y que mostrará en el juicio.
ESCRITO DE FISCALÍA
Según el escrito de acusación de Fiscalía, los cuatro acusados, "con el concurso y participación activa de todos ellos" y "en ejecución de un plan preconcebido" para "conseguir un beneficio económico" a favor de Tomas Cavanna, "simularon un despido con intención de que a éste le fuera abonada la cantidad neta de 150.000 euros".
A tal fin, prosigue, Dositeo Rodríguez "se encargó de convenir con el beneficiado la mencionada cantidad concreta imputable a los fondos públicos y de que el montante total fuera asumido por la Xunta".
El despido fue "orquestado" y aprobado por el Patronato de la Fundación el 27 de mayo de 2010, alegando un "despido objetivo por causas organizativas, con una indemnización según lo dispuesto en el vigente estatuto de los trabajadores".
El 3 de junio del mismo año, en la conciliación celebrada ante la sección provincial de Mediación, Arbitraje y Conciliación, Covadonga Rodríguez, "en nombre de la fundación y en virtud de un acuerdo previamente concertado con Tomás Cavanna y el resto de los acusados", pactó el pago de una indemnización de 150.000 euros "con cargo a los fondos de la Xunta".
El Ministerio Fiscal recuerda en su escrito que "la crítica situación económica" de la Fundación, "a la que había llegado durante la gestión de los acusados", puso "en peligro la continuidad de la misma", por lo que sus ingresos se nutrían principalmente de fondos públicos desde 2007, algo "ampliamente conocido por los acusados".
El fiscal considera los hechos constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos, de los que considera autoras a Marina Castaño y a Covadonga Rodríguez, y partícipes necesarios a Dositeo Rodríguez y a Tomás Cavanna. Por ello, pide la imposición de una pena de cuatro años y seis meses de prisión y la inhabilitación por ocho años.
RESCATE DE LA FUNDACIÓN
A mediados de 2012, el fiscal de Santiago, Álvaro García Ortiz, denunció a Castaño y al exgerente de la Fundación Cela por un supuesto delito de malversación de caudales públicos. La investigación se había iniciado a raíz de la denuncia presentada por Lola Ramos, una vecina de Iria Flavia, localidad en la que está ubicada desde el año 1991 la institución. Ramos había aportado a la Fiscalía de Galicia información relativa a supuestos trasvases de dinero efectuados entre la fundación, sin ánimo de lucro, y sociedades propiedad de Cela y Castaño.
La difícil situación de las cuentas de la Fundación Cela llevó a la Xunta a rescatarla, de forma que pasó a tener carácter público desde el mes de abril de 2012, con la finalidad de proteger un valioso patrimonio, configurado por manuscritos, epistolario del escritor y pinacoteca, entre los que se encuentran lienzos de Picasso y Miró. Entonces, la Consellería de Cultura pasó a ocupar la presidencia del patronato.
