Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja han procedido a la detención de dos varones de 26 y 36 años, naturales de Malí y domiciliados en Zaragoza y Huelva. Al primero de ellos se le considera presunto autor de un delito de falsedad documental, y al segundo colaborador necesario e inductor de la misma tipología delictiva.
La actuación se enmarca dentro de las actividades de colaboración que llevan a cabo Agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil en La Rioja y funcionarios de la Jefatura Provincial de Tráfico en esta Comunidad Autónoma.
Se inició en el aula de exámenes de la Jefatura Provincial de Tráfico en Logroño, durante las inspecciones que realizan los funcionarios a toda la documentación que presentan los opositores para la obtención de los diversos permisos de conducción.
Una vez finalizada la prueba, agentes del GIAT procedieron a verificar la identidad de uno de los opositores, al haber observado la no coincidencia de sus rasgos faciales, con los de fotografía del Número de Identidad de Extranjero (NIE) que había presentado para acceder al examen.
AMPLIO HISTORIAL DELICTIVO POR HECHOS SIMILARES
Durante este proceso se pudo determinar que el identificado natural de Malí era un experto en el campo de la suplantación, con amplio historial delictivo por hechos similares que había llevado a cabo en las Jefaturas de Tráfico de Huesca, Jaén y Teruel.
En esta ocasión intentó suplantar la identidad de un compatriota residente en Huelva, que carecía del nivel de conocimientos requerido para pasar el examen teórico del permiso de conducir.
Con esta actuación se ha impedido que el suplantado obtenga de manera fraudulenta el permiso de conducción español, careciendo de todos los conocimientos relacionados con la seguridad vial, normas de circulación, señales, etc., lo que hubiera supuesto un problema de inseguridad para el resto de ciudadanos que circulan por las carreteras del país.
Tanto el suplantador, como el suplantado se enfrentan a penas de entre seis meses y tres años de prisión y multa de seis a doce meses, según el artículo 392 del Código Penal.
