Los juzgados y tribunales de Andalucía recibieron durante 2017 un 3% menos de asuntos que el año anterior. En concreto, ingresaron un total de 1.210.273 asuntos, frente a los 1.245.470 del año anterior. Aun así, las cifras recogidas en la Memoria Anual de Actividades y Funcionamientos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2017 reflejan todavía un porcentaje de ingresos demasiado elevado para los actuales recursos y contexto organizativo, deficitario y sumamente rígido, al tiempo que evidencia la necesidad de frenar la elevada litigiosidad, una de las más altas de los países de nuestro entorno.
Los andaluces continúan siendo de los que más litigan en los tribunales. Andalucía se sitúa, un año más, a la cabeza en número de asuntos ingresados a nivel nacional. Así, tenemos un porcentaje superior en un 21% al de la litigiosidad estatal, que alcanzó un total de 5.676.331 en los órganos judiciales españoles. Si la tasa en el conjunto del Estado ha sido de 126,1 asuntos por cada 1.000 habitantes, en el ámbito del TSJA es de 145,3 asuntos por cada 1.000 habitantes, por lo que sigue siendo de las más altas de España, superada por Canarias (164,8) y seguida de Baleares (138,7), Cantabria (129,6) y Asturias (128,7).
Durante 2017 los órganos judiciales resolvieron 1.193.348 asuntos (un 7% menos en relación con el año anterior), quedando pendientes al final del año un total de 508.440 asuntos. Esto supone un incremento del 3% respecto a los que quedaron en trámite al final de 2016 (en la anualidad anterior hubo una disminución del 3%).
Por tanto, la tasa de resolución en el año 2017 ha sido del 0,99, algo inferior a la del pasado año, que fue del 1,03, si bien podemos afirmar, con carácter general, que los órganos judiciales del territorio siguen en un buen nivel de laboriosidad y se resuelven casi la totalidad de los asuntos ingresados, pese al déficit organizativo y de recursos personales.
Cada anualidad el problema sigue siendo la tasa de congestión, que indica la carga total de trabajo (asuntos registrados más pendientes), siempre superior a los asuntos que se resuelven. Ello no permite una valoración final satisfactoria, pues es patente la dificultad de rebajar el volumen de asuntos pendientes, así como mejorar los tiempos de respuesta de muchos órganos judiciales y demuestra que el sistema judicial español se encuentra claramente congestionado.
Es el caso de los juzgados de Sanlúcar de Barrameda, donde los cuatro juzgados existentes superan la carga referencial de trabajo y donde, desde hace varios años, según se recoge en la Memoria del TSJA de 2017, viene detectándose la necesidad de un aumento de las plazas judiciales o, en su caso, mantener o iniciar medidas de refuerzo mediante la adscripción de un juez de adscripción territorial (JAT), como las actualmente existentes en Chiclana o San Fernando.
Durante el año pasado, en los juzgados de Sanlúcar de Barrameda se recibieron 3.418 asuntos civiles, 1.226 de ejecución civil, 3.048 asuntos penales y 464 asuntos de violencia sobre la mujer - la cifra más alta de las registradas en la provincia de Cádiz-. Sanlúcar cuenta con un total de cuatro órganos, ingresando en 2017 un total de 1.161 temas civiles -superando a la totalidad de los juzgados de la provincia- y 878 penales -cifra muy inferior a los de otros municipios de la provincia-.
La memoria anual recoge que, si se quiere avanzar en la normalización de ciertos Juzgados o jurisdicciones, así como en la reducción de la bolsa de asuntos pendientes, será imprescindible la necesaria creación de plazas judiciales, todo ello sin olvidar la mejora de los planes de refuerzo, la mejor optimización de ciertos órganos, así como otras propuestas organizativas reiteradas año tras año para incrementar nuestros niveles de eficacia y que, por contra, quedan paralizadas o en el olvido. De ahí qu eproponga, en el caso de Sanlúcar de Barrameda, la creación de una nueva plaza judicial.
