El juicio del caso Hidalgo arranca hoy en la Audiencia de Málaga

El juicio por el denominado caso Hidalgo, contra el blanqueo de capitales, comienza mañana en la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga y en el banquillo de los acusados se sentarán más de una decena de procesados.

En su día, los investigadores señalaron el despacho de Cruz-Conde en Marbella como el principal eje de la trama delictiva de esta causa, que se destapó en abril del 2007 con una operación policial en la que se practicaron veintitrés detenciones, que se elevaron posteriormente a una treintena.

Tras finalizar la instrucción, la Fiscalía Anticorrupción solicitó juicio oral contra catorce personas para las que ha pedido provisionalmente unos 1.000 millones de euros en multas y más de 170 años de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

El juez instructor ya decretó en su día el sobreseimiento de la causa respecto a cinco personas, entre ellas dos de los principales imputados, el abogado cordobés Rafael Cruz-Conde y un empresario iraquí, ya que ambos han fallecido.

El fiscal mantiene en su escrito que desde dicho despacho de abogados se proporcionaba al cliente que lo demandara "las estructuras societarias precisas para ocultar tanto la titularidad de los bienes y fondos a invertir en España como el origen de los mismos".

Entre las fórmulas usadas, se constituía una mercantil española, sociedad limitada, que aparecía participada por una entidad radicada en un paraíso fiscal tales como Gibraltar, Panamá, Islas Vírgenes, entre otras.

En otras ocasiones, siempre según la versión de la acusación pública, se creaba una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal, cuya titular era otra entidad de un paraíso fiscal, Antillas Holandesas.

Para Anticorrupción, hubo un determinado número de clientes que se sirvieron del sistema de ocultamiento de fondos diseñado por el citado despacho de abogados para eludir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales frente a la Hacienda Pública, "omitiendo el pago de los tributos que les eran exigibles".

Además, el fiscal mantiene que la "finalidad" perseguida por los clientes era conocida por los miembros del despacho, "lo cual no impidió que se prestaran presuntamente a colaborar con ellos en la constitución de esas sociedades", usadas a modos de tapadera.

De este modo se ocultaba la procedencia delictiva del dinero invertido en España y no se podía vincular los fondos con su verdadero dueño.

Las sesiones del juicio oral están previsto que se prolonguen hasta el 25 de octubre