Un recluso de la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga) ha pedido a la Audiencia Provincial de Málaga que lo dejen en prisión para poder terminar unos cursos de formación que está realizando en dicho centro penitenciario.
El preso, que fue condenado a cuatro años de prisión por abusar sexualmente de una de sus compañeras de piso, están en prisión preventiva ya que la condena no es firme, pero está a punto de cumplir los dos años máximos contemplados en la ley.
Debido a ello, esta mañana se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Málaga un recurso para su posible puesta en libertad provisional mientras el Supremo ratifica o no su sentencia.
Fuentes judiciales han indicado a Efe que el preso, para sorpresa de los magistrados y fiscal, ha pedido que lo dejen en prisión, al menos, hasta finales de noviembre cuando está previsto que terminen los cursos de formación que está realizando ya que "no los podría pagar en la calle", según ha alegado.
La Sala ha decidido que el preso permanezca en prisión hasta agotar el plazo máximo de dos años de prisión preventiva, que marca la ley, aunque han reconocido que nunca se habían encontrado con un caso similar en su dilatada trayectoria profesional.
Los hechos por los que el acusado fue juzgado se remontan a la madrugada del 29 de noviembre de 2015, en Vélez Málaga, cuando el acusado entró en la habitación de una de sus compañeras, se desnudó y se introdujo en la cama para seguidamente abusar de la misma.
La joven se despertó al sentir dolor y lo apartó bruscamente al tiempo que le dijo que saliese de su habitación.
El acusado, que siempre ha admitido los hechos, posteriormente al suceso le envió un mensaje telefónico en el que le decía que no tenía perdón lo que había hecho y que lo sentiría el resto de su vida porque perdía una buena amiga.
Cuando ocurrieron los hechos el acusado, de 36 años y natural de Bolivia, se encontraba en situación irregular en España y tenía una orden de expulsión del territorio nacional desde 2009.
Además de la pena de prisión, al acusado no puede aproximarse o comunicar con la víctima por cualquier medio durante cinco años, así como la medida de libertad vigilada durante cinco años, que deberá ejecutarse tras el cumplimiento de la pena privativa de libertad, según la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe.
