Hace apenas unos días, la que fuera alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, pedía explicaciones y una disculpa a la Junta de Personal del Ayuntamiento de Cádiz por haber sido el órgano instigador del Caso Matadero. Una petición que llegaba a raíz del anuncia de la Audiencia Provincial de cerrar de forma definitiva el asunto por el que se acusaba a dos concejalas del PP, Carmen Sánchez y Mercedes Colombo, de la adjudicación irregular de viviendas de protegidas.
Pues bien, la respuesta a las palabras de la exregidora gaditana, no se han hecho esperar. La actual Junta de Personal del Ayuntamiento de Cádiz ha emitido una nota de prensa en la que el ente representativa se ampara en la ley para justificar su postura denunciante en el caso. "Es necesario aclarar a la opinión pública que la Junta de Personal y sus miembros actuales y los que ya no pertenecen a la misma, debemos cumplir el art. 19 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la misma, que obliga a “escuchar y atender todas aquellas reclamaciones y situaciones que puedan afectar al desarrollo de las funciones que corresponde a cualquier Funcionario, y que cualquier Funcionario puede elevar a la Junta de Personal, como órgano de representación, con objeto de dar respuesta a cualquier situación de conflicto laboral”, defiende el órgano en el escrito. Así, y convencidos de que la Ley protege sus acciones, mandan un mensaje contundente a Martínez y a todo la anterior Corporación municipal. "No estamos dispuestos a pedir disculpas, ni creemos estar en la obligación de ello, al igual que tampoco estamos escondidos, y desde aquí expresamos nuestro más absoluto apoyo y solidaridad al que fue Presidente de la Junta de Personal, D. Antonio Chico y al resto de los miembros que conformaban la Junta de Personal. Ya que sólo, desde la más absoluta neutralidad política, cumplieron con una obligación que viene impuesta expresamente en la ley, al tener conocimiento de unos hechos que podrían presentar indicios de irregularidades".
Finalmente, y de nuevo con el objetivo de argumentar su postura denunciante en el Caso Matadero, el escrito define la tareas de esta entidad representativa de los derechos de los trabajadores públicos. "La Junta de Personal es un órgano colegiado de representación de la totalidad de la plantilla municipal, sin ninguna vinculación política ni ideológica. Sólo trabajamos con el objetivo de la defensa de los derechos de la plantilla municipal, desde la más absoluta neutralidad política. Sorprendiendo a la Junta de Personal que, por parte de un responsable político municipal, se hayan vertido manifestaciones contra la Junta de Personal, cuando por parte de la misma se ha actuado conforme a la ley", concluye el documento.
En definitiva, la guerra por el Caso Matadero ha culminado en los tribunales pero las heridas abiertas han provocado que continúe la batalla en los despachos donde ambas partes no están dispuestas a presentar bandera blanca.
