También demanda una “verdadera” autoridad política mundial, que tenga poder y se atenga “a los principios de subsidiaridad y de solidaridad”.
En una encíclica de marcado carácter social, que ha tardado varios años en hacerse realidad y en la que condena el capitalismo exacerbado, Benedicto XVI dice que ante el imparable aumento de la interdependencia mundial y en presencia de una recesión de alcance global, es “urgente” reformar la ONU para proteger y dar una voz más eficaz a las naciones más pobres.
“Para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimentaria y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios urge la presencia de una verdadera Autoridad Política Mundial, que debe atenerse de manera concreta a los principios de subsidiaridad y solidaridad”, escribe.
Esa autoridad mundial, agrega, debe gozar “de un poder efectivo”.
La encíclica –carta solemne que dirige el Papa a los obispos y fieles católicos del mundo– está dividida en seis partes, consta de 136 páginas y retoma los temas sociales contenidos en la Populorum progressio, de 1967, de Pablo VI, y la Sollicitudo rei socialis, sobre la misma temática, escrita por Juan Pablo II en 1988.
Las seis partes del texto son El mensaje de la Populorum Progressio, Desarrollo humano en nuestro tiempo, Fraternidad, desarrollo económico y sociedad civil, Desarrollo de los pueblos, derechos, deberes y ambiente, La colaboración de la familia humana y Desarrollo de los pueblos y de la técnica.
Preocupado por el medio ambiente, el Papa Ratzinger analiza los problemas energéticos del mundo actual y denuncia que el acaparamiento de los recursos por parte del Estado y de grupos de poder constituyen “un grave impedimento para el desarrollo de los países pobres”.
“Las sociedades tecnológicamente avanzadas pueden y deben disminuir la propia necesidad energética, mientras deben avanzar la investigación sobre energías alternativas”, afirmó.
En el documento el Papa señala que sin la perspectiva de la vida eterna el progreso humano viene negado, deshumanizado y asegura que las causas del subdesarrollo no son solo de orden material.
“La sociedad cada vez más globalizada nos acerca, pero no nos hermana y hay que movilizarse para que la economía evolucione hacia salidas plenamente humanas”, escribe.
Sobre el desarrollo dice que el exclusivo objeto de la ganancia sin el bien común como fin último, “amenaza con destruir la riqueza y crear pobreza”, y enumera algunas distorsiones del desarrollo, entre ellas la actividad financiera especulativa, los flujos migratorios “con frecuencia provocados y después mal gestionados” y el aprovechamiento no regulado de los recursos de la tierra.
El Papa critica la deslocalización de producciones de bajo coste por parte de los países ricos, así como los recortes del gasto social. Asimismo denuncia los recortes de las libertades sindicales.
Benedicto XVI pone en guardia ante una economía del “corto y tal vez brevísimo plazo” que determina –dice– que se rebaje el nivel de tutela de los trabajadores.
Benedicto XVI afirma que la finanza “después del mal uso que ha dañado la economía real” debe regresar a ser un instrumento orientado al desarrollo.
“Los operadores de las finanzas deben redescubrir el fundamento propiamente ético de su actividad. Hay que reglamentar el sector para dar garantías a los sujetos más débiles”, subraya.
Y agrega que el mercado “no puede convertirse en un lugar de atropello del fuerte sobre el débil”. “La lógica mercantilista debe conducir a la consecución del bien común”, escribe el Pontífice, que añade que el mercado “no es negativo por naturaleza” y que la actual crisis muestra que los tradiciones principios de la ética social, transparencia, honestidad y responsabilidad “no pueden ser descuidados”.
El Obispo de Roma subraya que la economía no elimina el papel de los Estados y tiene necesidad de leyes justas.
En el texto, el Papa dice también que los organismos internacionales deben interrogarse sobre la real eficacia de sus aparatos burocráticos, “con frecuencia muy costosos”.
