La licitación de obra pública en Granada ha caído un 45,4 por ciento durante el pasado año, perdiendo 59,8 millones de euros respecto al ejercicio anterior, según los datos que maneja la Asociación de Constructores y Promotores (ACP), que ha alertado de la "preocupante" situación de las empresas contratistas ante la ausencia de proyectos.
Este sector, que actualmente emplea a 15.100 trabajadores, sufre "una importante crisis" y, según vaticina la ACP, "lejos de recuperarse previsiblemente destruirá unos 2.500 empleos en los próximos meses, obligado por la falta de proyectos e inversiones".
De hecho, el colectivo lamenta la falta de inversión de los entes municipales, que son los que en su mayoría dan trabajo a las pymes locales, mientras que instan a la Junta a "pasar a los hechos y comenzar a ejecutar infraestructuras", que van desde las depuradoras a la ejecución de Viales de Accesibilidad Urbana (VAUS).
"No parece sensato que la inversión de la Junta de Andalucía caiga hasta estos límites cuando solamente en depuración de aguas hay proyectos pendientes de ejecutar en la provincia por valor de 180 millones euros", han clamado desde la ACP.
Junto a ello informan de que la inversión del Estado en Granada "ha caído el pasado año un 90 por ciento", pasando de 76,56 a 8,14 millones de euros; y es que, según sostienen, "la conclusión de la A-7 y las licitaciones del AVE han mermado dramáticamente la inversión en esta provincia".
En contraposición, recuerdan que quedan muchos proyectos por ejecutar, como las conducciones de la presa de Rules, la finalización de la Segunda Circunvalación y el propio AVE, que, según enfatizan, "se encuentra con lamentable retraso en su ejecución" y pendiente del proyecto de soterramiento de las vías a su entrada a la ciudad.
También abogan por que la Administración adjudique los proyectos "a precios coherentes, limitando las bajas en las obras y apostando por la calidad y la mejora de las condiciones de trabajo, evitando adjudicaciones con bajas imposibles que dificultan la ejecución y su puesta en uso".
Agregan que "la falta de transparencia de los presupuestos hace que las cantidades realmente ejecutadas sean muy inferiores a las presupuestadas" y censuran que se contrate con empresas públicas sustentadas con los impuestos del ciudadano, "generando un agravio a la empresa local".
