El concejal delegado de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Manuel Flores (PSOE), y el gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla, Felipe Castro, han presentado este lunes el primer balance de la Oficina Municipal por el Derecho a una Vivienda Digna (OMDV), que abrió sus puertas el 31 de mayo de 2016 en la avenida de San Jerónimo, un marco en el que se ha destacado que son ya 12.000 las personas inscritas en el registro de demandantes hasta diciembre de 2016, un 112 por ciento más que en 2014, al haberse "recuperado la confianza en la política de vivienda pública".
"Estamos en el camino y estamos empezando a tener resultados en vivienda, generando además una nueva confianza y esperanza en los ciudadanos en este ámbito en la esfera de lo público y respecto a la labor de Emvisesa", recalca Flores en rueda de prensa, tras detallar que son un total de 11.986 los sevillanos inscritos, con un crecimiento del 12,8 por ciento entre julio y diciembre, aunque duplicando el dato de 2014.
En este sentido, el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda en Sevilla ha atendido entre julio y diciembre a 5.505 ciudadanos, la mayoría interesados por inscribirse como demandantes de vivienda protegida. La mayoría de los demandantes son menores de 35 años y ganan menos de mil euros brutos al mes, lo que supone que no alcanzan 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).
"El gran reto es darles soluciones para que puedan desarrollar sus proyectos personales y es ahí donde trabajamos", recalca, mencionando a Norte, Cerro-Amate y Este-Alcosa-Torreblanca como las zonas con mayores problemas de vivienda.
Concretamente, el 53 por ciento pertenecen al grupo de especial protección de jóvenes (6.407 personas), mientras que las familias monoparentales con hijos a cargo suponen el 13,72 por ciento, un total de 1.644 sevillanos. También, hay 501 inscritos mayores de 65 años, 427 familias numerosas, 222 víctimas de violencia de género o un centenar de personas en situación de dependencia.
LA MITAD PREFIERE ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA
Del total de inscritos, el 41 por ciento ha manifestado su preferencia por el acceso a una vivienda protegida de alquiler con opción a compra, mientras que el 34 por ciento opta por el alquiler y el 25 por ciento aboga por la compra. En todo ello, hay que tener en cuenta que los ingresos del 44 por ciento de los inscritos está entre 0,1 y una vez el Iprem, mientras que el 19 por ciento no posee ingresos.
Respecto a la antigüedad de la inscripción, cabe destacar que la mitad de los registrados está inscrito desde hace un año o menos, mientras que el 15 por ciento lo está desde hace dos años. Tres años llevan esperando un siete por ciento de los inscritos; cuatro, un ocho por ciento; cinco, un diez por ciento, y seis años, el diez por ciento restante.
Casi el 80 por ciento de las unidades familiares inscritas está compuesta por uno o dos miembros, destacando la preferencia de que el inmueble tenga tres dormitorios. Además, 173 inscritos, el uno por ciento, indicaron que existía alguna persona en su unidad familiar con necesidad de vivienda adaptada o bien era un usuario de silla de ruedas.
UNOS 370 CASOS ATENDIDOS SIN DESAHUCIOS
De su lado, Castro añade que en el segundo semestre de 2016 se han abierto 367 expedientes relacionados con familias en riesgo de perder su vivienda, consiguiéndose que en "ninguno de esos casos se produzcan desahucios al procurarse una alternativa habitacional". Ya se han resuelto el 44 por ciento de ellos, quedando el 56 por ciento en trámite de negociación.
En el Distrito Cerro-Amate se acumulan 85 expedientes relacionados con situación de riesgo de pérdida de vivienda; en Norte, 68; en Este-Alcosa-Torreblanca, 58, y 56 en Macarena, entre otros. En un 62 por ciento de los casos, los expedientes suponían un "riesgo inminente de desahucio que ha podido ser frenado", siendo en el 96 por ciento de los casos una entidad financiera la dueña.
OCUPACIONES ILEGALES
Además, se realiza un trabajo de investigación para diferencias los casos de emergencia social de las ocupaciones ilegales de personas que sí disponen de medios o que no han agotado los cauces legales para optar a una vivienda. En este sentido, 105 expedientes de la Oficina eran por una ocupación irregular ante la amenaza de perder una vivienda, 34 de los que han sido resueltos tras comprobar que sí eran emergencias sociales, prestando apoyo a su regularización.
Recuerda, en este contexto, que los Servicios Sociales municipales han gestionado en 2016 más de 6.000 expedientes de ayudas directas a las familias por dos millones para ayudas al alquiler, pago de suministros básicos o cuotas de la comunidad. De este modo, una de cada cuatro viviendas de Emvisesa es objeto de aplicación de políticas sociales, más allá del estatus de vivienda protegida, que afecta a la totalidad del parque municipal.
Además, Emvisesa ha asumido la aplicación de la llamada renta social, con un coste de 500.000 euros en 2016; un descuento del 94,4 por ciento en las rentas de la promoción d la calle Albérchigo en Torreblanca, por 175.000 euros al año; la adecuación de las rentas de los inquilinos realojados de Regiones Devastadas, por 650.000 euros, y la cesión o arrendamiento de 24 viviendas a asociaciones, por 22.000 euros.
CASI 90 EXPEDIENTES DEL PROTOCOLO DE CONVIVENCIA
Paralelamente, ha detallado que, desde la aprobación del protocolo de convivencia en las viviendas de Emvisesa el 31 de mayo de 2016 y hasta diciembre, se han abierto 89 expedientes, de los que una cuarta parte se han derivado al Programa de Acompañamiento para la Resolución de Conflictos. De los casi 90 expedientes, 25 han quedado cerrados al final del año pasado.
La mayoría de los expedientes abiertos han sido en Este-Alcosa-Torreblanca, Norte y Cerro-Amate, las zonas donde más viviendas públicas hay. El 40 por ciento de los casos ha sido solventado con la mediación de la Oficina de la Vivienda; el 20 por ciento ha concluido en la resolución judicial de los contratos tras la aprobación por parte del consejo de administración de Emvisesa, mientras que el 16 por ciento hacía referencia a enganches ilegales de suministros y otro cuatro por ciento era por viviendas no utilizadas como primera residencia.
Además, el 41 por ciento de las infracciones detectadas han sido graves, como destrozos en propiedades de otros inquilinos, enganches ilegales de suministros o acumulación de faltas leves. El 38 por ciento de las infracciones han sido leves, como molestias provocadas por ruidos puntuales o el uso de zonas comunes para fines que no lo son, quedando en un 21 por ciento las muy graves, entre las que se encuentran subarrendar la vivienda o delitos de odio y discriminación.
