El nombramiento de Agustín Muñoz como subdelegado del Gobierno ha sido toda una sorpresa, en especial porque supone un auténtico cambio de registro al frente del cargo, y porque se ha convertido, asimismo, en toda una declaración de intenciones por parte del Gobierno central y, por supuesto, por parte del PP, que ha optado por una persona sobre la que no hay una mala palabra y que durante los cuatro años que desempeñó tareas de gobierno en el Ayuntamiento de Jerez hizo patente su carácter cercano y conciliador. No es que Javier de Torre, su predecesor en el cargo, no lo sea, pero su disciplinado seguimiento de las consignas políticas durante los cinco años que ha estado en el puesto le han llevado a pisar numerosos escenarios adversos; todo lo contrario a lo que se pretende con la nueva etapa que ya ha inaugurado Muñoz.
Agustín Muñoz, de 51 años, natural de Sevilla, aunque jerezano de adopción -está casado, tiene dos hijas y ha ejercido, hasta esta misma semana, como profesor en el Instituto Almunia-, estrenó acta de concejal y cargo de responsabilidad en junio de 2011. Formó parte del amplísimo gobierno de María José García-Pelayo, donde comenzó asumiendo el área de Movilidad. No fueron unos comienzos fáciles, ya que le tocó lidiar con una de las huelgas más prolongadas y delicadas que coincidían en ese momento en Jerez, la de los trabajadores del transporte urbano, pero al finalizar el mandato pudo presumir de haber impulsado la municipalización y mejora del servicio y, además, de poner en marcha la Mesa Municipal de Movilidad, en la que se abordaron asimismo cuestiones tan relevantes como el diseño del nuevo carril bici. Con la designación de Antonio Saldaña como secretario general provincial del PP, García-Pelayo confió en él para que asumiera otra de las áreas importantes del Ayuntamiento, la de Urbanismo, desde la que gestionó el diseño de las iniciativas que se iban a presentar a la Unión Europea de cara a la rehabilitación y mejora del centro histórico de la ciudad.
Tras las municipales de 2015, en las que la victoria del PP fue insuficiente para formar gobierno, pasó a concejal en la oposición y asumió acta como diputado provincial del PP por Jerez. Antonio Saldaña ha resaltado esta semana de él su “experiencia, visión y templanza” de cara a una “etapa apasionante” marcada “por el consenso y el diálogo”. Además, de sus cualidades personales, su “constancia” y su “trabajo”, así como la “dedicación y fuerza” mostrada hasta ahora en su carrera política, y en la que confían para que la provincia de Cádiz “siga creciendo y avanzando”.
Y todo eso nos lleva hasta los retos a los que deberá enfrentarse a partir de este momento y con los que deberá poner de manifiesto el compromiso del Gobierno central con la recuperación socioeconómica de la provincia; algo en lo que su superior más inmediato, el también jerezano Antonio Sanz, como delegado del Gobierno en Andalucía, viene insistiendo decisivamente desde la toma de posesión del nuevo ejecutivo de Mariano Rajoy: el PP no sólo quiere que se le vea como parte de la solución a los problemas más acuciantes de la provincia, sino que entiende que parte del éxito debe redundar en una futura victoria electoral, la de Juanma Moreno en las próximas autonómicas, la Junta como destino preferente.
En este sentido, si la mera mención a un subdelegado del Gobierno ha estado fielmente vinculada a su papel coordinador junto a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la provincia, la etapa que se abre ahora con Agustín Muñoz en el ente va a poner asimismo el acento en cuestiones tan fundamentales como el empleo y el avance en infraestructuras.
Tanto en uno como en otro caso los objetivos están perfectamente delimitados, con mención expresa al primero, ya que a Muñoz competerá supervisar el funcionamiento de la próxima oficina estatal de la ITI en la provincia, desde la que se gestionarán 310 millones de euros en los próximos cinco años en materia exclusivamente de empleo.
El empleo
El Gobierno central -y el PP- quieren desterrar por completo del vocabulario frases tan hechas como ciertas tales como “la provincia con más paro de España” o “la provincia en el furgón de cola de Europa”. El punto de partida ahora mismo es más favorable que hace unos años, ya que la tasa de paro evolutiva es ya positica. En 2011 el paro crecía al 13,8% en la provincia y hoy día decrece al 17,2%. En 2011 se destruía empleo a un ritmo del 4% y hoy se crea al 7,8% -según datos de la propia Subdelegación, hasta la fecha se han recuperado 30.000 empleos en la provincia-.
En palabras de Antonio Sanz, pronunciadas esta semana en el espacio A compás de Ondaluz TV, “vamos por el buen camino, hay un cambio de tendencia y vamos a cumplir nuestro compromiso de crear cien mil empleos en la provincia en cuatro años gracias a las políticas de empleo que vamos a poner en marcha”; un compromiso vinculado asimismo a la estabilidad de un gobierno central que va a estar permanentemente necesitado de apoyos para agotar sus cuatro años de legislatura.
Y esas políticas de empleo pasan por “el mayor plan de empleo de la historia, por cuantía y capacidad de gestión desde la provincia”. Es ahí donde entra en juego el protagonismo del nuevo subdelegado, ya que ese plan de empleo está vinculado a los fondos ITI y ha sido dotado con 310 millones de euros.
Muñoz deberá velar por su ejecución y por defender los pilares en los que se sustenta: fomentar la estabilidad laboral, dar oportunidad de empleo a los jóvenes, apoyar a los emprendedores y favorecer la inclusión social.
A falta de que se nombre al responsable de la oficina en Cádiz, ya se han desarrollado diferentes reuniones para ver los programas concretos que van a comenzar a ponerse en marcha para que algunos de ellos entren en vigor con la llegada del nuevo año. Se trata de programas con garantía presupuestaria y estabilidad en el tiempo, ya que se mantendrán en vigor hasta 2023.
Del total, 181 millones de euros se van a destinar a formación para el empleo, incluyendo prácticas en empresas, a iniciativas de contratación estable y a incentivos para emprendedores; 60 millones a empleo joven; y 67 millones a proyectos de inclusión social y economía social.
El objetivo marcado se centrará asimismo en una clara apuesta por el sector servicios, “para que sea potente los 365 días del año”, y por la industria auxiliar, para que las empresas instaladas o que vengan a instalarse a la provincia cuenten con mano de obra formada disponible.
Infraestructuras
El Gobierno central no sólo quiere hacer notar su presencia e influencia en materia de empleo en la provincia, sino también a través de la obra pública, atendiendo a determinadas infraestructuras importantes, algunas de ellas de enorme relevancia.
Así, por orden de prioridades, se encuentra el corredor ferroviario entre Algeciras-Bobadilla, que ya aparecía contemplado en los Presupuestos Generales del Estado para 2016 y volverá a estarlo en 2017. No sólo eso, el 80% de los Fondos Feder que va a recibir Andalucía se destinarán exclusivamente a la ejecución de este trascendental proyecto.
En segundo lugar, habrá que prestar atención a la ejecución de la obra de desdoble de la Algeciras-Vejer. La intención del Gobierno central es comenzar a ejecutar este año el proyecto por el tramo Algeciras-Tarifa, que es el que presenta, sobre todo en verano, grandes problemas de tráfico y seguridad. Posteriormente, una vez culminado este tramo se realizará el siguiente, entre Tarifa y Vejer, con lo que se completaría definitivamente el acceso hasta Algeciras en autovía a través de dos recorridos diferentes: el ya existente con la Jerez-Los Barrios y el que se realizaría a través de la costa, desde Chiclana hasta Algeciras.
Asimismo, el Gobierno central quiere aprovechar el desdoble entre Algeciras y Vejer para llevar a cabo el proyecto de circunvalación hasta el puerto de Algeciras, de manera que todo el tráfico que enrta o sale del puerto no tenga que pasar por el interior de la ciudad.
Hay otro proyecto que, a buen seguro, le puede provocar algún que otro dolor de cabeza al nuevo subdelegado y sobre el que pesa la competencia del Gobierno central: la autopista de peaje AP-4 y el desdoble de la N-IV entre Jerez y Sevilla. Pese a la prevista y confirmada liberalización del peaje a finales de 2019, el Gobierno ha confirmado que mantiene su compromiso de ejecutar todo el desdoble de la carretera nacional entre Sevilla y Jerez, porque la autopista no puede absorber todo el flujo de tráfico diario que acumulan en la actualizada ambos trazados, y sobre todo por la elevada circulación de camiones entre ambas provincias.
El desdoble de la N-IV ya está en ejecución entre Sevilla y Los Palacios y fuentes del Gobierno central aseguran que el objetivo es sacar a licitación todo el tramo restante hasta Jerez, pese a que supondría una duplicidad de vías.
En la actualidad hay creada una plataforma, impulsada por los gobiernos municipales de las ciudades implicadas en la ejecución del desdoble y la eliminación del peaje, así como por la Diputación de Cádiz; de ahí que uno de los asuntos a los que tendrá que dar más pronta respuesta Agustín Muñoz sea a las críticas lanzadas desde el citado colectivo, y pese a que Antonio Sanz insista en que “éste debe ser el único lugar del mundo en el que se crea una plataforma para protestar por unas obras que ya se están haciendo”.
En materia de carreteras también hay otra gran asignatura pendiente: el nudo de Tres Caminos, que ya contó en su momento con un “megaproyecto” que tuvo que ser desestimado ya que fue presentado coincidiendo con el estallido de la crisis. Este mismo año se ha terminado de redactar el proyecto alternativo, que se ha dividido en varios fases para que se pueda poner en marcha poco a poco y se vea su incidencia en favor del tráfico de la zona. De hecho, para el inicio de la primera de ellas ya sólo se está a la espera del informe de impacto medioambiental, tras el que se podrá sacar a licitación la obra.
A Muñoz le podría corresponder este año anunciar otro proyecto perdido en el tiempo, el del polígono Las Aletas, en cuyo nuevo planeamiento urbanístico está trabajando en este momento la Junta de Andalucía, que es la que tiene las competencias en ese ámbito.
Todo ello sin menoscabo de la labor de enlace que corresponde al subdelegado entre la ciudadanía y el Estado -en Arcos de la Frontera aguardan poder trasladarle su preocupación por las viviendas de la ladera de La Verbena- o de la lucha contra el tráfico de drogas, el contrabando de tabaco o el fraude fiscal, a los que también deberá prestar mucha atención.
