El PSOE ha pedido al Gobierno del PP que suprima la tasa de 60 euros por la regularización catastral, “que en la provincia de Huelva podría afectar a unas 46.000 viviendas y, por tanto, supone un perjuicio para los onubenses”. Así lo ha puesto de manifiesto la diputada nacional, Pepa González Bayo, quien ha señalado que los socialistas han presentado una PNL (Proposición No de Ley) en el Congreso de los Diputados, donde se pide que se revisen las actuaciones.
Así, Pepa González Bayo ha denunciado la “falta de rigor” en las inspecciones llevadas a cabo, “ya que se han realizado únicamente mediante fotografías de vuelo aéreo o imágenes de fachada, sin personarse la empresa en los inmuebles afectados, unos medios que no se corresponden por tanto al valor de la tasa impuesta de 60 euros”. Es más, la diputada socialista ha indicado que “estaríamos hablando de obras menores y de intervenciones de mantenimiento, sin incorporación de nuevos elementos ni aumento de metros edificables”.
Es más, la diputada socialista ha reseñado que “hemos tenido conocimiento por determinados medios de que personas responsables de estas empresas privadas, contratadas por la Dirección General del Catastro, encargadas de estos trabajos, reconocen que un 7 por ciento de las regularizaciones tienen fallos”.
Pepa González Bayo ha indicado que “los onubenses que han detectado estos fallos en la regulación catastral han elevado su respectiva reclamación ante la Oficina del Catastro, donde se ha tenido que presentar documentación de la vivienda y fotografías actuales para justificar el error, pero a la vez han tenido que soportar este año el aumento del IBI, además de la reclamación del pago de este incremento con carácter retroactivo de años anteriores”. Pero la diputada advierte de que hay afectados ajenos a esta circunstancia.
Para la socialista, “esto supone sin duda una apropiación indebida de cantidades elevadas de la ciudadanía de Huelva, unos cobros que se podían haber evitado si se hubiese actuado adecuadamente. A ello, se une el hecho de que la tramitación de las reclamaciones en la Oficina del Catastro son muy lentas por la falta de personal y las elevadas incidencias presentadas, lo que también pone de manifiesto la nefasta gestión que se ha llevado a cabo para este procedimiento”.
Por ello, “desde el PSOE pedimos que además de una supresión o reducción de la tasa de 60 euros, es necesario que la Dirección General del Catastro exija a la empresa inspectora que asuma de forma íntegra la tramitación y gestión de los expedientes y que atienda de forma individualizada las dudas y reclamaciones de los vecinos afectados en un máximo de tres meses desde que fuera interpuesta la reclamación”.
Del mismo modo, los socialistas solicitan que “en aquellos casos en que quede demostrado el error, se devuelva de inmediato al administrado lo cobrado indebidamente, así como la corrección de oficio del incremento provocado del IBI”. Por último, pide que se estimen las reclamaciones de aquellas personas que no fueron notificadas en tiempo y forma, teniendo en cuenta los fallos producidos en el procedimiento para no dejar a ningún ciudadano en situación de indefensión ante la Administración”.
