Los servicios de Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía, en colaboración con los Servicios Marítimo y de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Policía Adscrita a la Junta, han abierto en lo que va del año 2016 en Huelva 639 expedientes sancionadores por pesca ilegal.
Éste es el dato con el que la provincia afronta la llegada de la temporada estival, ante la que el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Pedro Pascual Hernández, ha insistido tanto en su llamamiento a la responsabilidad del sector como en la importancia de la sensibilización de los veraneantes que acuden a las playas para, entre todos, contribuir a la preservación de los recursos y, por ende, a la sostenibilidad de la actividad económica, así como a garantizar la seguridad alimentaria, ha informado la Junta en una nota.
El primer objetivo, según ha aseverado Pedro Pascual Hernández, que ha comprobado in situ la labor de los efectivos de Inspección Pesquera en el litoral onubense, no es la imposición de multas, sino la concienciación y la prevención.
"Ésta es nuestra principal meta, pues no perdamos de vista que si nadie comprara pescado o marisco inmaduro y sin etiquetar, el furtivismo dejaría de ser el grave problema que es hoy para convertirse en un fenómeno testimonial o, incluso, desparecer", ha remarcado el delegado, a lo que ha añadido que, mientras esto no ocurra, "la vigilancia, la presión y la dureza del montante de las sanciones serán imprescindibles".
Pedro Pascual Hernández ha hecho una alusión especial al marisqueo, que acapara 524, el 82 por ciento, de los expedientes abiertos desde el 1 de enero hasta el 21 de junio de 2016. Las causas, faenar sin licencia, lo que compromete el presente y el futuro de las 600 familias que viven de la captura y comercialización de bivalvos en la provincia; en zonas de producción cerradas por la presencia de biotoxinas como la DSP, con el riesgo sanitario extra que ello supone para la población; en periodos de parada biológica, lo que atenta contra la regeneración del caladero, o fuera del horario legal establecido.
El responsable del ramo en Huelva ha dirigido también un mensaje a los aficionados y turistas, a los que cada verano se recuerda desde la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, a través de campañas de concienciación en todas las playas de la geografía onubense, que el marisqueo es una actividad profesional acogida a un sistema legal de regulación y control sanitario, con una mención expresa a los peligros que entraña el consumo de pescados y mariscos que se salen de la línea de trazabilidad".
En la misma línea, ha mostrado su sensibilidad con el contexto de desesperación que lleva a muchos a lanzarse al mar en busca de ingresos, pero "no podemos obviar, además del riesgo para la salud pública, que hemos de evitar la sobreexplotación de los recursos".
SANCIONES
El marisqueo sin licencia conlleva sanciones de carácter 'grave' que se elevan a 'muy graves' cuando se desarrolla en una zona de producción cerrada por motivos sanitarios. Los importes oscilan entre los 301 y los 60.000 euros en el primer supuesto y entre los 60.001 y los 300.000 euros en el segundo.
Dentro de este contexto, en estos momentos permanece prohibida también para los profesionales la captura de especies de alto interés comercial como la coquina y la chirla --hasta el próximo 30 de junio-- en todo el litoral onubense, no por la presencia de biotoxinas, sino por encontrarse dentro del periodo de veda establecido para favorecer su ciclo reproductivo. Esta situación se da también en los casos de otros bivalvos como la almeja fina, el berberecho, la cañaílla, el ostión o el pirulo.
Por su parte, la presencia de la DSP impide faenar a fecha de hoy en las zonas de producción de la Barra del Terrón, la Desembocadura del Piedras, Punta Umbría, Mazagón y el espacio marítimo de Doñana. Sí tiene luz verde el sector, en cambio, en las aguas del río Guadiana, las marismas del Guadiana-Carreras, el río Carreras, Isla Canela, las marismas del Piedras y Matalascañas.
