El Gobierno Municipal de Alcalá la Real lleva a aprobación en el pleno ordinario del jueves el pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir la contratación de la gestión de los servicios públicos de ayuda a domicilio. El mismo responde a la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
Según ha adelantado la concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Participación, María José Aceituno, “se presenta un pliego muy trabajado, que piensa en la mujer, en las personas dependientes y en las personas trabajadoras. Introduce cláusulas sociales y vamos más allá de valorar la oferta económica más barata. Hemos apostado por exigir un servicio de calidad, puntuando recursos humanos profesionales, horas de formación, ayudas técnicas, tecnológicas y de cualquier índole que redunden en beneficio de las personas dependientes, poniendo especial interés en que la calidad esté asegurada, tanto en el casco como en cada una de nuestras dieciséis aldeas”.
A su vez, Aceituno Hinojosa ha explicado que “vamos a pedir más y para ello hemos hecho una apuesta por aquellas empresas que valoren el trabajo de las personas. De este modo, premiaremos condiciones laborales como incentivos económicos o de carácter social, días de asuntos propios, flexibilidad en las vacaciones y cualquier otra medida que favorezca a las personas trabajadoras. También vamos a apostar por la conciliación y por la igualdad y así lo hemos recogido como criterio”.
Por último, María José Aceituno ha afirmado que “el trabajo por una sociedad más igualitaria y conciliadora no es un discurso, es una apuesta por una sociedad mejor. En tiempos de crisis e incertidumbrehemos de trabajar especialmente por mejorar las condiciones de vida de quienes más lo necesitan”.
CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN
Entre los criterios para la valoración establecidos por el área de Contratación del Ayuntamiento están la oferta económica con 5.5 puntos, la memoria organizativa con 1.5 puntos, las condiciones laborales con 1.5 puntos, los criterios en relación a la igualdad y acciones positivas de género con 1.5 puntos.
Entre otros condicionantes, en la memoria técnica se exigirá un mínimo de 50 horas de formación anuales por persona trabajadora. En las condiciones laborales se valorarán incentivos económicos, beneficios sociales por cumplimiento de objetivos o días de asuntos propios para las personas trabajadoras. Por otro lado se puntuará la existencia de un plan de igualdad.
