El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, ha dictado un auto con el que abre paso para que el expresidente del Govern Jaume Matas se siente de nuevo en el banquillo de los acusados, en esta ocasión en el marco de la pieza nueve de la causa, por auspiciar la contratación 'a dedo' de los arquitectos que se encargaron de dirigir las obras de construcción del velódromo palmesano y quienes acabaron percibiendo unos honorarios de unos nueve millones de euros por hacerse cargo del considerado proyecto estrella de la última legislatura de Matas (2003-2007).
El magistrado llega a calificar de "aberración jurídica" la contratación de los arquitectos Jaime y Luis-García Ruiz, e incide en que ésta "carece de todo soporte administrativo".
Castro también ha acordado que continúe el proceso penal, por estos mismos hechos, contra el exdirector general de Deportes y medallista olímpico José Luis 'Pepote' Ballester.
Sobre ambos imputados pesan delitos de fraude a la administración y falsedad en documento oficial.
Tras poner fin a la instrucción de estas investigaciones, la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía de la Comunidad Autónoma y el PP balear disponen de diez días para presentar su escrito de acusación, concretar las penas que solicitan para ambos e instar la apertura de juicio por estos hechos o, por el contrario, pedir el archivo de las pesquisas.
Los propios arquitectos declararon en su día que fue el propio Matas quien les llamó personalmente para dirigir los trabajos de construcción.
Para ello, el expresidente rescindió el contrato al arquitecto inicial de las obras, Ralph Schürmann, a quien ambos hermanos atribuyeron las causas que motivaron el sobrecoste del velódromo, cuyas obras, presupuestadas inicialmente en unos 48 millones de euros, pasaron a costar cerca de los 110 millones.
Se da la circunstancia de que los García-Ruiz, en el marco de otra pieza, se enfrentan a seis meses de cárcel tras haberse declarado culpables de un delito fiscal al no haber tributado los beneficios supuestamente ilícitos obtenidos de la ejecución de los trabajos.
La defensa de los dos hermanos alcanzó un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado en la pieza 26 de la causa, uno de los últimos flecos que se abrió dentro del caso con el objetivo de investigar si ambos realizaron una provisión de fondos por valor de 400.000 euros dentro de la contabilidad de su empresa, GR1, para no tributar a Hacienda y enmascarar los beneficios que obtuvieron.
