El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha emitido un auto en el que designa a tres funcionarios, dos de la Inspección de Trabajo y otro de la Agencia Tributaria, y reclama otro más a ésta última para que elaboren informes sobre las consecuencias de los hechos investigagos en torno a la empresa Fitonovo, en el conocido como caso Madeja, una trama corrupta de sobornos a funcionarios a cambio de contratos públicos que acumula 96 imputados.
A través de este auto, fechado el 25 de enero, el magistrado designa a un funcionario de la Agencia Tributaria (AEAT) y a dos procedentes de la Dirección General de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social para que presten "funciones de auxilio judicial" en la causa, mientras que requiere "urgentemente" a la Agencia Tributaria la designación "de un segundo funcionario de dicho organismo", conforme a lo requerido en la resolución dell 20 de octubre de 2015.
En esa resolución se solicitaba la designación de estos cuatro funcionarios para realizar informes sobre todas las consecuencias de los hechos investigados en relación a Fitonovo. En el caso de la Agencia Tributaria, los informes versarían sobre "las consecuencias tributarias de los hechos cometidos a través de la mercantil Fotonovo SL, consistentes en la deducción de facturas falsas y la llevanza de doble contabilidad para encubrir el pago de comisiones, hechos que podrían venir desarrollándose durante los ejercicios 2000 al 2013, calculando para cada ejercicio en los Impuestos sobre Sociedades y sobre el Valor Añadido, las cantidades en su caso defraudadas".
En el caso de los informes de la Tesorería General de la Seguridad Social, éstos se centrarían en "las consecuencias de los hechos cometidos a través de la compañía Fitonovo SL, consistentes en los pagos no declarados a sus trabajadores en el marco de la doble contabilidad que servía para encubrir el pago de comisiones, hechos que podrían venir desarrollándose desde el ejercicio 2000 a 2013, calculando para cada ejercicio las cantidades defraudadas por cuotas de seguridad social y conceptos de recaudación conjunta".
En el caso se investigan comisiones por parte de la empresa Fitonovo a cambio de contratos, que habrían causado perjuicios a instituciones públicas de Andalucía, Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias y Madrid, y también al Ministerio de Fomento, a los ayuntamientos de Sevilla, Algeciras (Cádiz) y La Carolina (Jaén) y a la empresa pública Adif.
