El juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) citará a declarar como imputado a principios del próximo año 2016 a un funcionario de la cárcel de mujeres de esta localidad denunciado por realizar solicitudes de carácter sexual a algunas de las internas de la prisión.
Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que el juez, inicialmente, había citado a declarar como imputado el próximo día 2 de febrero a este funcionario, que se encuentra suspendido de empleo y sueldo desde el mes de noviembre de 2014, aunque finalmente ha pospuesto la declaración, que de este modo no tiene fecha señalada aunque se llevará a cabo a principios del próximo año.
De igual modo, y según han indicado a Europa Press las mismas fuentes, el juez ha citado como testigo el próximo 8 de enero de 2016 a una de las internas, cuyo testimonio será el último que se recabe de presuntas víctimas antes de tomar declaración al funcionario imputado en esta causa.
El juez ya ha tomado declaración a tres internas de la cárcel, la última de ellas el pasado día 18 de noviembre, cuando una de las presunta víctimas ratificó la denuncia y señaló que el comportamiento del funcionario respecto a las afectadas era "habitual" y no "puntual".
El pasado 21 de julio ya comparecieron en el Juzgado dos internas, una como perjudicada y la segunda como testigo. La primera de ellas ratificó que el funcionario le realizó peticiones de carácter sexual y que le hizo tocamientos en los senos, mientras que aseguró también que el funcionario le mostró imágenes de contenido pornográfico a través de su teléfono móvil.
INTERCAMBIO DE CARTAS
Además, esta interna, que declaró como perjudicada y que pidió su traslado de cárcel tras ocurrir estos presuntos hechos, relató que un día se encontraba duchándose y el funcionario llegó, descorrió las cortinas y "le dijo que se iba a meter dentro con ella", mientras que indicó también que el funcionario intercambiaba cartas con algunas reclusas.
La segunda interna, que compareció como testigo y que a esa fecha continuaba como interna en la cárcel de Alcalá, relató que el funcionario también le mostró a ella imágenes de contenido pornográfico y aseguró haber visto cómo intercambiaba cartas y regalos con otra presas, a las que también solicitaba que le realizaran masajes o que le depilaran las piernas.
Asimismo, manifestó que la actitud del funcionario con las internas "no era la adecuada", pues mantenía un comportamiento "un poco vejatorio y chulesco".
LOS HECHOS
Fuentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ya precisaron a Europa Press que fue el día 19 de noviembre de 2014 cuando el secretario general de este departamento, Ángel Yuste, decidió suspender en sus funciones, es decir, de empleo y sueldo, al funcionario, que a día de hoy continúa suspendido.
Las mismas fuentes han precisado que todo comenzó el 3 de julio de 2014, cuando Yuste decidió la apertura de una información reservada sobre este funcionario a la vista de un informe elaborado por la directora de la cárcel, tras lo que el 20 de octubre de ese año ordenó abrir un expediente disciplinario por supuestas irregularidades cometidas por este trabajador.
Seguidamente, ya el 18 de noviembre de 2014, el secretario general de Instituciones Penitenciarias remitió el expediente a la Fiscalía y, finalmente, un día después suspendió al funcionario de empleo y sueldo.
DESDE AGOSTO DE 2012
Fuentes judiciales, de su lado, han señalado que, tras serle remitido el expediente, la Fiscalía de Dos Hermanas decidió a principios de año abrir diligencias de investigación contra el funcionario.
Tras ello, y en el marco de esas diligencias de investigación, el Ministerio Público interpuso una denuncia contra el funcionario por tres presuntos delitos, en concreto un delito de negociación y actividades prohibidas a funcionarios públicos del artículo 443.2 del Código Penal; un delito de abusos sexuales del artículo 181, y un delito contra la integridad moral del artículo 175 del Código Penal.
Esta denuncia motivó que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Alcalá de Guadaíra abriera una investigación al respecto. Según las fuentes consultadas, los hechos denunciados se referirían a episodios ocurridos desde, al menos, el mes de agosto de 2012.
