La portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Córdoba, Ana Carrillo, ha exigido este jueves a la expresidenta de la institución provincial, la popular María Luisa Ceballos, "que asuma sus responsabilidades" después de que la Fiscalía haya archivado las diligencias abiertas, a instancias del anterior gobierno del PP en la Diputación, sobre la actividad del Grupo Cinco.
Carrillo ha recordado en un comunicado que fue en mayo de este año, justo antes de las últimas elecciones municipales, cuando el gobierno del PP en la Diputación presentó ante la Fiscalía un informe elaborado por una auditoría externa en el que se señalaban diversas "irregularidades en la gestión y control de Grupo Cinco" -sociedad con capital público y privado que se dedica a la promoción de polígonos industriales de la provincia-, en el período 1996-2008, es decir, bajo anteriores gobiernos del PSOE en la institución provincial.
Ahora, casi seis meses después de que el anterior equipo de gobierno en la Diputación presentara dicho informe a la Fiscalía, el Ministerio Público, según ha resaltado Carrillo, "ha decretado el archivo de las diligencias, por no hallar indicios de hechos constitutivos de delito".
"Esta decisión de la Fiscalía --ha continuado-- demuestra que, en los cuatro años durante los que gobernó esta Diputación, el PP trató, por todos los medios, de emborronar la gestión de los socialistas".
En este sentido, la portavoz socialista ha criticado que "los populares, en lugar de ocupar su tiempo en gestionar y gobernar, se dedicaron, con artimañas, embustes y malas artes, a tratar de manchar el nombre de alcaldes socialistas, algo que no han conseguido".
Por otra parte, Carrillo ha lamentado que la actitud del anterior equipo de gobierno de la Diputación "solo haya servido para hacer perder el tiempo a la Fiscalía", algo de lo que responsabiliza directamente a la expresidenta de la institución provincial, María Luisa Ceballos, y al que fue vicepresidente de la Diputación, el también popular Salvador Fuentes.
A juicio de Carrillo, "los populares, de manera habitual, confunden las instituciones con el partido y una prueba evidente de ello es la decisión que tomaron, al pedir un informe a una auditoría externa y al presentarlo en la Fiscalía", para así "intentar manchar una gestión y un trabajo que durante años ha servido para dinamizar la economía en nuestros pueblos, probablemente porque no fueron capaces de estar a la altura de las circunstancias".
