Médicos, psicólogos y abogados tuvieron un papel clave en las torturas practicadas en los centros de detención clandestinos de la Agencia Central de Información (CIA), según un artículo publicado hoy por la revista especializada estadounidense The New England Journal of Medicine.
La publicación basa su artículo en datos que divulgó el año pasado el Comité de Inteligencia del Senado estadounidense en un informe que desveló las torturas de la CIA cometidas durante la presidencia de George W. Bush (2001-2009).
"El informe del Senado nos muestra cómo los abogados y médicos pueden colaborar para racionalizar la tortura, una dinámica que también se ha practicado en prisiones militares, como la de Guantánamo (Cuba), e incluso en algunas prisiones de máxima seguridad en Estados Unidos", aseguran los doctores George Annas y Sondra Crosby en su artículo.
El papel de los médicos en estas prácticas, según su descripción, comenzaba a la hora de decidir si los terroristas eran "aptos" para ser torturados.
Después, tenían que garantizar que durante la tortura no se iba tan lejos como para provocar la muerte, y eran los encargados de curar las heridas de los prisioneros.
Su papel llegó a ir más allá, hasta el desarrollo de nuevos métodos de tortura y la tortura misma, según la revista de información médica.
La CIA y los abogados del Departamento de Justicia garantizaron a los doctores que tendrían inmunidad bajo una cobertura legal hecha a medida para cubrir esas prácticas, señala el artículo.
"Los médicos y abogados se dieron permiso constantemente unos a otros para hacer lo que ellos acordaban entre sí", denuncia la publicación.
Uno de esos métodos de tortura era la alimentación por la vía rectal, administrada a presos que estaban en huelga de hambre y para demostrar dominación sobre el recluso.
El vicepresidente de Bush, Dick Cheney, esgrimió, tras la publicación del informe del Senado, que la alimentación rectal se llevó a cabo por "razones médicas".
Sin embargo, la revista señala que "no hay indicación médica para la alimentación por vía rectal", y subraya que "el hecho de que se hiciera bajo la supervisión de un médico no convierte esta técnica de tortura en un procedimiento médico".
"Además de la eliminación de los centros de detención clandestinos, tenemos que pedir a los abogados que se nieguen a dar cobertura a prácticas de tortura y a los médicos que solo lleven a cabo buenas prácticas médicas, siempre con el consentimiento del paciente", concluye el artículo.
Crosby dirigió los servicios médicos del Centro para la Salud y los Derechos Humanos de los Refugiados en Boston, y Annas imparte Bioética en la Universidad de Boston
