El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha informado a las ONG ambientales de que el Gobierno se está planteando pedir un recurso de amparo al Tribunal Constitucional por el hotel El Algarrabico (Almería) después de que el Tribunal Supremo haya asegurado que la instalación viola la Ley de Costas.
Según ha explicado a Europa Press el portavoz de Ecologistas en Acción, Paco Segura, durante la reunión periódica que las ONG ambientales mantienen cada mes y medio con el Ministerio, la ministra Isabel García Tejerina les ha transmitido que el Gobierno estaría planteándose y estudiando presentar un recurso de amparo por la cuestión del Algarrobico.
Así, ha añadido que la Junta de Andalucía ha ejercido su derecho de retracto sobre los terrenos del enclave situado en el Parque Natural de Cabo de Gata (Almería), por lo que los ecologistas no entienden por qué no entran a demoler ya el hotel.
Además, ha añadido que García Tejerina les ha transmitido que la Abogacía del Estado "no se va a mover de su planteamiento" de que el hotel El Algarrobico ocupa el dominio público marítimo terrestre y, por tanto "es ilegal" porque infringe la Ley de Costas, algo que ha ratificado en sentencia firme el Tribunal Supremo.
"Si el Gobierno no se mueve de ahí, independientemente de las maniobras de la empresa o de Andalucía, el hotel no tendrá futuro", ha destacado.
En el marco de la reunión, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han reclamado al Gobierno que incorpore cambios al plan nacional de residuos y la Ley de Montes, así como una mayor exigencia a las comunidades autónomas en aspectos como el control de predadores y las fumigaciones aéreas, y a Gibraltar, porque algunos de sus proyectos en el Peñón son "perjudiciales" para el medio ambiente.
Entre los temas abordados figura el borrador del plan marco de residuos. Según ha indicado la directora de Amigos de la Tierra, Liliane Spendeler, las ONGs reconocen el buen análisis de la situación actual de los residuos del plan, pero considera que es fundamental que se aproveche este proyecto normativo para fomentar la reutilización, ya que el plan marca un 2 por ciento de reutilización en España pese a que a su juicio hay "mucho más potencial", por ejemplo en el tema de envases.
"España debería cambiar totalmente el sistema de recogida, que es el eslabón débil del sistema ya que la recogida selectiva de residuos no está funcionando bien, por lo que después no puede ir bien el reciclado, ya que el 82 por ciento de los residuos no se recoge de forma separada", ha comentado.
Por ello, cree que hay que dar un paso adelante en la recogida de residuos, sobre todo en biorresiduos e incorporar sistemas como el de depósito y retorno de envases (SDDR). Al mismo tiempo, no entiende que el plan establezca un porcentaje del 15 por ciento para incineración porque favorecerá que se destinen numerosos recursos a esta opción, que debería ser la última.
Por otro lado, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Paco Segura, ha expresado a García Tejerina su "disgusto" por las autorizaciones para fumigaciones aéreas de cultivos que están prohibidas en España desde 2012. A pesar de ello, se pueden autorizar en casos excepcionales y muy justificados pero según ha comentado las autorizaciones se dan "alegremente".
En este sentido, ha pedido al Gobierno que vigile las autorizaciones que otorgan las comunidades autónomas porque estas fumigaciones aéreas tienen "consecuencias muy negativas y muy potentes para salud del medio ambiente y para la salud pública".
También le han instado al Gobierno a ser "más firme" y exigir con todas las posibilidades del Estado participar en las declaraciones de impacto ambiental en Gibraltar, porque "está haciendo barrabasadas en el Peñón" y el medio ambiente de España, como estado soberano se ve afectado por sus proyectos de relleno, de 'bunkering' y con la construcción de una marina.
"El Gobierno debe pelear con todas sus posibilidades y luchar contra estas acciones y la Directiva comunitaria le permite participar en las declaraciones de impacto ambiental", ha insistido.
En el ámbito de control de predadores, le han recordado a la ministra que no están de acuerdo con las directrices aprobadas porque "no sirven para nada", ya que la sobrepoblación de predadores, en ocasiones, se debe a prácticas inadecuadas en la caza y porque no son métodos selectivos. Por ello, reclaman al Gobierno que realice un seguimiento de estos métodos en colaboración con las ONG ambientales.
Mientras, el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, ha indicado que en el encuentro, que ha durado algo más de lo habitual, han repasado las declaraciones de impacto ambiental (DIA) pendientes, como la del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, respecto a las que la ministra les ha indicado que a día de hoy sigue paralizada "y va para meses" porque el Ministerio está pendiente del informe de sismicidad que pidió el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
Sobre la DIA de las prospecciones en el Golfo de Valencia y Baleares, los ecologistas creen que tras el informe negativo del Departamento de Costas "debería ser suficiente". Rodríguez ha dicho que sigue pendiente de un informe del CEDEX sobre los sistemas de prospección sísmica más adecuada.
En otro asunto, le han reiterado a García Tejerina su preocupación por los bancos de conservación, un tema donde las posturas están "muy alejadas".
Sobre el plan de restauración y retirada de los residuos tóxicos y radiactivos de fosfoyesos de Fertiberia en Huelva, Rodríguez, ha dicho que le han hecho ver a la ministra que el plan de restauración "no es suficiente". Es decir, que el proyecto de 61 millones de la empresa "no concuerda" con la fianza de 21 millones.
LEY DE MONTES
Del mismo modo, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, se ha referido a la Ley de Montes, que está en tramitación parlamentaria. En este ámbito, ha dicho que las ONGs están intentando avanzar en esta norma y negociar algunas cuestiones fundamentales para asegurar la mejor de las gestiones en el trámite del Senado. "Parece que ha habido mucha sensibilidad.
En concreto, ha celebrado las tres enmiendas transaccionales aprobadas sobre la mejora de la condición de los agentes forestales e incluir a los montes de la Red Natura 2000 a la hora de recibir subvenciones. No obstante, consideran que es "muy importante" que el Gobierno incluya como obligatorio que los montes de 100 hectáreas o más cuenten con un plan de gestión.
Mientras, el director ejecutivo de WWF, Juan Carlos del Olmo, ha valorado que el ambiente del encuentro ha sido de diálogo en profundidad a la hora de abordar los temas a pesar de los puntos de vista que les diferencian.
Del Olmo ha abordado el tema de los bancos de conservación y han pedido a García Tejerina más información sobre el proyecto porque tal y como está planteado en la actualidad no se garantiza que los fondos que se obtengan con esta medida sean adicionales a la protección obligatoria que ya tienen los espacios protegidos. "Queremos que sean adicionales a lo que hay que proteger y dudamos de la capacidad real de controlar las obras compensatorias y los distintos proyectos en España". "La idea es buena, pero nos preocupa su desarrollo", ha concluido.
