Infancia sin fronteras es una organización no gubernamental para el desarrollo, constituida en 1998 como asociación sin ánimo de lucro, que trabaja especialmente dedicada al sector de la infancia.
Las mismas fuentes han explicado que la ONG como tal, no se ha beneficiado de las supuestas actividades delictivas de su vicepresidente aunque era utilizada por Gisbert como “tapadera” para sus negocios personales.
Miguel Ángel Gisbert aprovechaba sus continuos viajes a Nicaragua como alto cargo de Infancia sin fronteras para dirigir una red de empresas “fantasma” que se financiaba con dinero procedente de la falsificación de tarjetas bancarias en España.
A través de estas sociedades, y a cambio de dinero, ofrecía contratos de trabajo en Nicaragua a ciudadanos cubanos.
Tras esperar un tiempo prudencial en territorio nicaragüense, se remitía desde España, donde estaba la empresa matriz, una carta de invitación y un contrato de trabajo, con lo que los ciudadanos cubanos se desplazaban entonces hasta Europa.
De este modo daban una apariencia de legalidad, si no fuera porque la empresa que supuestamente les contrataba no tenía actividad conocida en España. Posteriormente, el responsable de la ONG facilitaba a estas personas un documento falsificado para su salida con destino a México y de allí a Estados Unidos.
La banda cobraba a los ciudadanos cubanos cantidades superiores a los 7.000 euros que debían hacer efectivos en varios pagos.
Al menos 2.000 euros al salir de Cuba y otros 4.000 ó 5.000 por llegar a México procedentes de España, segunda escala de su viaje.
Los investigadores desconocen si la organización contaba con alguna ramificación o contacto en la embajada de Nicaragua en Las Habana para agilizar los visados con destino a territorio nicaragüense. De forma paralela al negocio de inmigración ilegal, la banda se había especializado en la clonación de tarjetas de crédito, gracias a la connivencia de comercios y restaurantes en los que se hacían las compras.
El vicepresidente de la ONG facilitaba los datos de sus tarjetas de crédito personales para hacer compras fraudulentas en el extranjero y portaba también otras tarjetas falsificadas con las que realizó diversos pagos. Según informó la Policía, el fraude ocasionado con las compras realizadas de forma ilícita supera los 400.000 euros.
