La Fiscalía Anticorrupción asegura en el escrito en que se opone al enviar la causa que investiga al exvicepresidente económico Rodrigo Rato a la Audiencia Nacional podría crear "un procedimiento inmanejable y, desde luego, carente de eficacia".
En su opinión, deberían aplicarse en este caso "las reglas del sentido común" para no generar "indeseables consecuencias dilatorias". "Es obvio que si en un proceso con multitud de imputados, del tipo que se vienen en llamar macroprocesos, introdujéramos, además los eventuales delitos fiscales u otros cometidos también por los imputados, la instrucción del procedimiento devendría inmanejable y, desde luego, carente de la eficacia que debe tener una investigación judicial", dice.
El Ministerio Público ha anunciado, además, en una nota de prensa, que ha solicitado al juez de Madrid Antonio Serrano la práctica de nuevas pruebas ya que el recurso de apelación presentado no paraliza la causa ni impide su competencia para seguir avanzando en la investigación de diligencias que afectan a Rato.
La fiscal anticorrupción Elena Lorente ha recurrido este miércoles el auto por el que el juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, se inhibe en favor del juez Fernando Andreu en la causa que investiga a Rato por cinco delitos contra la Hacienda Pública, alzamiento y blanqueo de capitales.
Entiende, tal y como adelantó este martes la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, que no existe conexión entre esta investigación y la que emprendida por el juez de la Audiencia Nacional por la salida a Bolsa de Bankia y por el uso de las denominadas 'tarjetas black' de Caja Madrid.
HAY QUE "AQUILATAR" LA CAUSA
El escrito indica que, en este caso "no cabe decir" que la defraudación de la que se acusa a Rato no ocasionó una grave repercusión en el tráfico mercantil, la economía nacional ni a una generalidad de personas.
Destaca la importancia de "aquilatar" en la instrucción si el delito presuntamente cometido por el exvicepresidente primero del Gobierno fue cometido en el extranjero y guarda una conexión directa con una actividad delictiva previa de Rato.
"La fase tan incipiente de la instrucción impide hacer valoraciones categóricas que determinen que deba enviarse a la Audiencia Nacional", dice la Fiscalía que apunta que esto puede cambiar una vez avance la instrucción.
La fiscal Lorente indica también que la Audiencia Nacional no tiene mayor campo competencial que las Audiencias Provinciales y su jurisdicción tiene "carácter excepcional" por lo que sin que exista un supuesto legal "indubitado, claro o patente" la jurisdicción común debe prevalecer.
El escrito cita la jurisprudencia del Tribunal Supremo y concluye que la acumulación de esta investigación a las causas instruidas por Andreu "no está justificada" porque ni existe conexidad que permita romper el principio del juez ordinario ni peligro de sentencias contradictorias.
El recurso debe resolverse por la Audiencia Provincial de Madrid y su presentación no paraliza la instrucción, que seguirá hasta entonces a cargo del juez Serrano. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han señalado que previsiblemente el juez Andreu esperará a conocer el criterio de dicho tribunal antes de contestar al auto de inhibición que le ha remitido el juez de instrucción de Madrid.
