De las “pegas” del interventor a las dudas sobre si “crujirá” alguien

Tras la publicación de la auditoría realizada por la Intervención General de la Junta sobre la gestión de los fondos para la formación y las demoledoras conclusiones extraídas en contra de la labor de control de la propia administración, resuena insistente una pregunta evidente: “¿y ahora qué?”.
El consejero de Justicia, Emilio de Llera, fue bastante explícito este miércoles al respecto, al exponer que “los interventores, en general, suelen hablar de una manera muy dura, incluso cuando se hacen las cosas bien. Su misión, siempre, es poner pegas. Entonces, no podemos sacar filo a cualquier cosa que diga un interventor, porque está obligado a ser lo más implacable con lo que se pueda encontrar un gestor público”.
Cualquiera diría que estaba echándole las culpas al mensajero, aunque lo cierto es que la auditoría realizada puede terminar desarrollando mayor recorrido del previsto hasta ahora. De momento, ya está en el despacho de la juez Mercedes Alaya, junto con los de las otras siete provincias andaluzas, pero ante la gravedad de las conclusiones extraídas, la propia Intervención General podría dar el paso y empujar a actuar al propio Gobierno andaluz, en concreto al consejero de Educación, Luciano Alonso, que es quien tiene en estos momentos las competencias en materia de formación para el empleo.
Lo apuntaba en su edición de ayer el diario El Mundo, quien, haciéndose eco del informe correspondiente a la provincia de Huelva, apuntaba a que la propia Intervención trabaja ya en la elaboración de un informe de actuación, “mecanismo que prevé el decreto 9/1999 sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía en aquellos casos en que los responsables de la gestión controlada no adopten las medidas necesarias para solventar las deficiencias observadas, o si se apreciaran circunstancias que, por su importancia, pudieran ocasionar menoscabo de fondos públicos”.
Si la Intervención decide dar el paso e involucrar a la Consejería de Educación, el citado periódico apuntaba a que Luciano Alonso tendrá que elegir entre tres opciones: si está de acuerdo con el informe tendrá que ordenar que se corrijan las deficiencias puestas de manifiesto -“ello pasaría por la apertura y tramitación de expedientes de reintegro en un intento de recuperar el dinero desviado”-; en caso de disconformidad, tendría que solicitarle al consejero  de Hacienda que lo sometiera a la decisión del Consejo de Gobierno para que resolviera; y también cabe la opción de no hiciera nada y guardara el informe de actuación.
De momento, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, fue más que elocuente con su “que lo crujan”, en atención al desarrollo de la investigación abierta en el marco de la Operación Edu Costa, pero también habrá que comprobar de qué forma se retrata el Gobierno andaluz si la Intervención General eleva finalmente su informe de actuación para que sea el consejero de Educación el que elija entre las tres hipótesis.

Reacciones
Mientras tanto prosiguen las reacciones en el ámbito político, tanto en torno a la investigación como a las propias auditorías. Así, en el día de ayer, el grupo de IULV-CA en el Parlamento andaluz registró en la Cámara autonómica la solicitud de convocatoria de la Diputación Permanente para abordar el fraude en los cursos de formación y la comparecencia de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, o de otro miembro del Gobierno andaluz.
El portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro, y el diputado Ignacio García registraron la petición en el Parlamento, en la que solicitan también que comparezca “la presidenta o miembro del Gobierno en quien delegue sobre las actuaciones del Consejo de Gobierno” en el caso del fraude de los cursos de formación. El objetivo es informar sobre las “actuaciones del Consejo de Gobierno en relación con los actuales y muy graves acontecimientos relativos a presuntos casos de corrupción que afectan a la Administración de la Junta de Andalucía en relación a irregularidades en la gestión de los fondos públicos concedidos para la realización de cursos de formación para el empleo”.
Por su parte, el candidato a la presidencia de la Junta por el PP, Juanma Moreno, pidió a Susana Díaz “respeto a la Justicia y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”, porque “la señora Díaz y algunos consejeros han salido en tromba a atacarlos después de los últimos sucesos del caso Edu”. Moreno subrayó que, si gobierna, va a “respetar a la Justicia y colaborar con ella para esclarecer los hechos de tantos recursos públicos que se han perdido”, porque “la corrupción está hundiendo Andalucía y hace que no sea atractiva para la inversión”.
Así, le ha preguntado “qué medidas ha adoptado la Junta desde junio de 2014, cuando, siendo presidenta, tuvo conocimiento de las graves irregularidades en las subvenciones a la formación profesional para el empleo con los informes de la Intervención General que advertían de las irregularidades”. También le ha pedido que aclare “si ha enviado esos informes a la Fiscalía Anticorrupción” y si “ha presentado alguna querella o denuncia”.
Por su parte, el portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, acusó ayer a IU y el PP de “participar de una misma estrategia” al plantear la comparecencia de la presidenta de la Junta para que Susana Díaz dé explicaciones sobre la Operación Edu.