En Torremolinos, la limpieza viaria, que está a cargo de dos empresas públicas, LITOSA (Limpieza de Torremolinos, S.A.) y ASELIMSA (Aseo y Limpieza Municipales de Torremolinos, S.A.), es un problema general por el coste de la misma, que supone unos 12 millones de euros al año, un importe que es proporcionalmente mucho más elevado que el de los municipios de similar población. Y además la limpieza viaria es un problema localizado, en ciertas zonas de nuestra ciudad, en las que el servicio que se presta es manifiestamente mejorable. UPyD quiere denunciar, una vez más, el despilfarro de dinero público; la falta de un servicio acorde con el gasto que supone para todos los torremolinenses y la discriminación que sufren ciertas zonas que dan una imagen penosa de nuestra ciudad, en tanto que otras estén bien atendidas.
Otra cuestión, ligada a las anteriores, es la falta de transparencia del dinero público que componen las partidas presupuestarias de la empresa LITOSA. Lo prueba, por ejemplo, el hecho de que los datos económicos financieros de 2013 de esta sociedad aún no están publicados en el Registro Mercantil, así como tampoco los de ASELIMSA.
Asimismo, UPyD Torremolinos quiere exponer a la luz pública el incumplimiento de la ordenanza municipal número 46 sobre protección y defensa de la convivencia ciudadana y de los bienes de dominio público municipal, que no es exigida por los poderes públicos con el nivel de respeto al ciudadano que necesita una ciudad insignia del turismo como debería de ser la nuestra.
Ante esta situación, UPyD Torremolinos asume como uno de los puntos básicos de su programa electoral la solución de este problema de limpieza viaria mediante la reorganización y optimización del servicio; y mediante el cumplimiento de la normativa municipal de higiene en la calle. El cumplimiento de dicha normativa afecta no sólo a las empresas públicas de limpieza sino, en mayor medida, a la ciudadanía en general. Para ello proponemos campañas de concienciación y educación en valores cívicos, a título preventivo, y las oportunas correcciones disuasorias para proteger los derechos de todos.
