La delegada de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Sevilla, María Dolores de Pablo-Blanco (PP), ha remitido un escrito al Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, en el que le pide su colaboración para encontrar una solución con la Junta de Andalucía ante el "cerrojazo" que asegura que ha dado al programa de Zonas Necesitadas de Especial Actuación --que actúa en Polígono Sur, Torreblanca, Polígono Norte, Tres Barrios-Amate y Vacie-- y que provocaría que, de no actuarse inmediatamente, no pueda ponerse en marcha este año.
En rueda de prensa, De Pablo-Blanco asegura que esta denuncia no se produce por "confrontación política" sino porque cree en la necesidad de prestar un servicio público como son los relativos a Asuntos Sociales, en cuyos programas alerta de "grandes recortes" por parte de la Junta de Andalucía desde 2011. Así, afirma que desde 2011 la aportación de la Administración regional ha pasado de 8,9 millones para el desarrollo de siete programas sociales, siendo el Zonas el de mayor cuantía (1,3 millones), a los casi 5,8 millones actuales, donde el zonas cuenta con 944.000 euros.
Explica que, a través de los trabajadores del programa Zonas, compuesto por una plantilla de 40 personas, tuvo conocimiento el 5 de noviembre de que la "imposibilidad de la Junta de emitir una resolución definitiva para la concesión de la subvención definitiva del Zonas para 2014 debido al cierre contable anticipado a 31 de octubre", un asunto que asegura que le ha sido confirmado por la propia Junta, quien "apuntaría que la resolución definitiva sería dictada a principios de enero de 2015".
Así, advierte de que no existe un "compromiso firme" de desarrollo del programa y alerta de las "gravísimas" consecuencias que asegura que se producirá en una población "tan vulnerable" cuando estos trabajadores abandonen sus puestos este viernes ante la "falta de una resolución definitiva en tiempo y forma". Después de que la resolución provisional se publicara el 15 de septiembre, el Ayuntamiento reformuló el proyecto y lo presentó "en tiempo y forma" el 26 de septiembre. "Sólo existe una propuesta de resolución de concesión del día 10 de octubre, 21 días antes del cierre contable, por lo que no entendemos que ha ocurrido en ese tiempo para que no se produzca la resolución definitiva", cuestiona.
DEPENDIENTES, GITANOS E INMIGRANTES
En este contexto, alerta también de la "incertidumbre" que asegura que existe ante la continuidad de otros programas sociales cofinanciados por ambas administraciones para la contratación del personal, dada la "ausencia de respuesta a las distintas solicitudes presentadas del Plan de Integración de la Comunidad Gitana de Andalucía (Picga) y Atención a Inmigrantes".
A esto suma que el personal de refuerzo para la atención a la dependencia ha sido "recortado en las dos últimas anualidades en un 50 por ciento", por lo que pide al Defensor que medie para que "no se repita el recorte en 2015 ni sufra su publicación dilación alguna que traiga consecuencias no deseadas en la población atendida, ya que el programa actual finaliza el 31 de diciembre". "En 2014 hay además una deuda en ayuda a domicilio de más de 13 millones", recalca, preguntándose si "esa es la apuesta de la Junta por la ciudadanía".
