El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado este lunes que el Juzgado de Instrucción 4 de Granada investiga a un total de 12e personas acusadas de abusos sexuales en el caso en el que están presuntamente implicados varios sacerdotes, que el Arzobispado de Granada ya ha retirado del ejercicio.
Según informa el Alto Tribunal en un comunicado, el juzgado incoó diligencias de investigación penal a principios de noviembre para aclarar el asunto, y ha decretado el secreto de sumario desde el momento de apertura de la causa.
El Arzobispado de Granada ha indicado este lunes que ha retirado del ejercicio a los sacerdotes acusados de abusos sexuales por una víctima de Granada, cuando era menor de edad, que ha informado de este asunto al Vaticano y que ha llegado a recibir una llamada de apoyo del propio Papa Francisco.
Según ha publicado el portal 'Religión Digital', que ha avanzado el caso, tras la llamada del Papa al joven, éste formalizó una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía, que ordenó a la Fiscalía Provincial de Granada interponer "ipso facto" denuncia contra todos los afectados, al menos una docena, entre sacerdotes y laicos, que llevaron a cabo los presuntos abusos en distintas residencias de la provincia de Granada, según esta publicación.
La Diócesis granadina informa en un comunicado de que "desde el momento en que se tuvo noticia fehaciente de la acusación presentada ante la Santa Sede por un joven de Granada, de haber sufrido abusos sexuales por parte de un grupo de sacerdotes, el Arzobispado "ha seguido escrupulosamente el procedimiento previsto para estos casos por la disciplina canónica".
De acuerdo con esa praxis, "se han seguido los trámites establecidos en la misma para verificar si la mencionada acusación tenía verosimilitud". "Apenas llevada a cabo esa investigación preliminar, que no tiene aún carácter judicial, este arzobispado impuso las medidas cautelares a los sacerdotes directamente acusados de los abusos, retirándolos del ejercicio del ministerio sacerdotal", indica la Diócesis.
Por tanto, concluye que en el tratamiento de este caso, la Diócesis ha seguido estrictamente los principios de la disciplina de la Iglesia, que son los siguientes: "Tolerancia cero con los abusos y con quienes los cometen"; "ayuda a las presuntas víctimas y, una vez probados los hechos, a las víctimas si las hay"; y "cooperación con las autoridades en el establecimiento de la verdad y la justicia, de forma que estas conductas aberrantes, que la Iglesia rechaza y condena, puedan evitarse y erradicarse".
