El Ayuntamiento llevará al próximo Pleno del lunes la aprobación de forma definitiva de la Ordenanza Municipal de Regularización de Viviendas. Un paso de gigante en la solución definitiva a un problema histórico al que este equipo de Gobierno ha puesto rumbo cierto tras la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana.
La teniente de alcalde de Urbanismo, Leocadia Benavente, ha puesto, precisamente, de manifiesto la importancia del PGOU para la consecución de este objetivo prioritario de regularizar la estructura territorial de El Puerto. Una realidad consolidada con el paso de los años a la que había que dar solución. Esta especial situación de la estructura territorial de la ciudad ha llevado al equipo de Gobierno a confeccionar una Ordenanza que permita facilitar a los vecinos afectados que regularicen (urbanización y reparcelación) las viviendas ilegales.
Benavente ha señalado que, gracias a esta ordenanza y al Plan General, más de 4.000 portuenses van a verse beneficiados por los avances de esta ordenanza y van a ver, por fin, resuelto de forma definitiva un problema histórico.
Tan satisfactorio califica el equipo de Gobierno el texto en sí de la Ordenanza como el trabajo realizado de forma conjunta entre las distintas áreas del Ayuntamiento, coordinadas por Urbanismo, y los grupos políticos, Flave, Fevema, Coave y Ecologistas en Acción. Dicho documento fue aprobado de forma inicial por el Pleno el 25 de julio, habiéndose presentado sólo algunas alegaciones; tres de ellas formuladas por particulares y que serán contestadas de forma negativa, una por referirse a cuestiones general del PGOU y otras dos por un informe técnico del servicio de Infraestructuras y asesoría jurídica. Un servicio que ha aprovechado el plazo de exposición pública para realizar mejoras en el texto inicial.
Por su parte, IU ha presentado alegación pidiendo que se dé solución a los que acataron la ley y no construyeron, respondiéndose por parte municipal que la Ley del Suelo 8/2007 ya recoge qué hacer en esos casos y cómo compensar a los ciudadanos que se encuentren en esa situación.
Por último, el PSOE ha solicitado aclaración de cómo se van a utilizar los pagos que hagan los vecinos para los servicios generales y los aprovechamiento, contestándose por parte municipal que esas consideraciones vienen expresamente recogidas en la LOUA y así se aplicará.
Como ha explicado la teniente de alcalde de Urbanismo, Leocadia Benavente, la Ordenanza Municipal pretende adaptar la realidad a las normas obligatoriamente aplicables de la LOUA a fin de posibilitar la mejora de la calidad de vida de sus residentes, con aplicación de las reglas básicas de los deberes urbanísticos.
Hay que tener en cuenta, como explica Benavente, que la regularización urbanística de los distintos diseminados contemplados en el PGOU como áreas de regularización se hace en dos aspectos: de un lado, la normalización de los suelos urbanos no consolidados hasta su transformación en solar mediante el cumplimiento de los deberes vinculados a este tipo de suelo; y de otro lado, la regularización de las edificaciones existentes.
La Ordenanza fija que el sistema de regularización sea sistemático, de compensación, por la adhesión del 51% de los propietarios del área a regularizar. Asimismo, el documento establece medios para hacer más sencilla la justificación de la solvencia económica y técnica que requiere la Ley.
Serán los propios vecinos los que tengan que iniciar y llevar a cabo el proceso (con la colaboración y apoyo técnico del Ayuntamiento), siendo necesario el apoyo de más del 50% de la propiedad del suelo constituidos en junta de compensación. Benavente ha destacado que la Ordenanza establece la posibilidad de sustituir el 10% de la cesión de suelos del aprovechamiento en metálico ya que se da la realidad de que algunas están colmatadas, lo que les impide hacer las cesiones de suelo pertinentes.
Otro asunto importante que recoge el compromiso del alcalde y el equipo de Gobierno de facilitar al máximo a estos vecinos la regularización de sus viviendas, es que el documento recoge la posibilidad de que los propietarios fraccionen las obligaciones monetarias para con el Ayuntamiento, con las garantías y condicionantes que prevea la Ordenanza Fiscal General.
La Ordenanza Municipal también es consciente de la realidad existente en muchas de estas ARG que cuentan ya con infraestructuras, por lo que se contempla una reducción de la garantía a presentar por la Junta de Compensación del 20 al 7%.
En esos casos, el Ayuntamiento también recoge en la Ordenanza cuáles deben ser los mínimos básicos de dichas infraestructuras de tal forma que se procuren mantener al máximo. En lo referente a las edificaciones existentes, se establece un plazo de dos años desde la aprobación del proyecto de reparcelación para solicitar la legalización. Igualmente, la Ordenanza exige el cumplimiento de condiciones mínimas de salubridad, ornato y habitabilidad a fin de conseguir la “Declaración Administrativa de Compatibilidad”.
De hecho, la Ordenanza recoge expresamente los elementos que hay que conservar. Leocadia Benavente ha explicado que se va a crear una comisión de seguimiento para conseguir la buena marcha del proceso de regularización de las ARG que se reunirá cuantas veces sea necesario y siempre cada 3 meses. Comisión que integrarán todos los grupos políticos, la Flave, Ecologistas en Acción, Fevema y Coave.
Por último, se agradece por parte del equipo de Gobierno a tantos vecinos de estos núcleos de viviendas que ya se han interesado por este proceso y que ya están trabajando, con la colaboración del Ayuntamiento, en sus respectivos procesos de regularización. Al mismo tiempo, se asegura desde el Ayuntamiento que el trabajo no va a quedar aquí, sino que se sigue trabajando en buscar soluciones efectivas y se está definiendo un nuevo sistema de cálculo de los recibos del IBI de los proindivisos que sea más acorde con la realidad y que permita a cada vecino de la proindivisión pagar los recibos por lo que realmente tiene.
