El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz mantiene como pieza separada del caso Gürtel la investigación sobre la presunta contratación irregular de servicios correspondientes a la presencia de Jerez en Fitur 2004, a la espera de conocer sus resultados. Ruz ha concluido ya la investigación de 45 de los más de cien imputados en el caso, entre ellos el extesorero del PP Luis Bárcenas, al apreciar indicios de once delitos para que sean juzgados por hechos de la “primera época” de la trama, desde 1999 a 2005.
La pieza que afecta al Ayuntamiento de Jerez investiga posibles adjudicaciones irregulares a las empresas del entorno de Francisco Correa en 2004. Esa pieza se sustenta en un informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el que se advertía de que en enero de ese año, el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad adjudicó contratos a las sociedades Special Events y Down Town Consulting para coordinar la presencia de Jerez en Fitur y organizar espectáculos ecuestres y flamencos en la plaza Mayor y el parque del Retiro.
El montante global de las contrataciones ascendió a 214.027 euros: 162.806 correspondientes a la presencia de Jerez en Fitur; 39.366 al acondicionamiento de la plaza Mayor para las exhibiciones ecuestres; y 11.855 euros para el espectáculo flamenco. Ambas adjudicaciones se llevaron a cabo mediante sendos contratos negociados sin publicidad.
La versión del Consistorio
María José García-Pelayo, que ejercía entonces como alcaldesa, aseguró el pasado mes de marzo que el expediente de contratación de Fitur 2004 se tramitó “de acuerdo con la legislación vigente en aquél momento” y con “todos los vistos buenos de los funcionarios”, por lo que es “absolutamente impoluto”.
Ese expediente, según García-Pelayo, justifica entre otras cosas que el Ayuntamiento recurriera a un procedimiento de contratación negociado y urgente.
Además, la alcaldesa destacó entonces ante la Corporación que los expedientes de contratación supuestamente irregulares pasaron por tres controles, el administrativo, el político y el judicial, insistiendo en que el trabajo contratado “se realizó”, tuvo retorno para la ciudad, y se pagó “tarde” y a un precio “lógico” y “de mercado”.
