La Fiscalía de Málaga ha decidido remitir el caso de las presuntas irregularidades en el uso de subvenciones en cursos de formación para desempleados a un juzgado de Málaga capital para que lleve a cabo diligencias de prueba y se investigue, según han informado fuentes judiciales. Inicialmente, se considera que habría indicios de posibles delitos de falsedad, estafa o fraude en subvenciones.
El ministerio público inició en mayo del pasado año 2013 unas diligencias de investigación preliminares centradas en la provincia de Málaga y en 17 de las 20 empresas que obtuvieron subvenciones públicas en la convocatoria de 2010 por un montante algo inferior a los dos millones de euros.
Las fuentes han indicado que la investigación remitida se centra en las subvenciones del programa para el empleo con compromiso de contratación en Málaga y en 2010; y han precisado a Europa Press que, además, se ha acordado remitir a las fiscalías de Almería y Sevilla lo relativo a supuestas irregularidades en cursos de formación en dichas provincias.
La investigación se inició a raíz de una denuncia de la sección de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en la Seguridad Social y ha contado con varios informes policiales, en los que se apuntaba a falta de control a la hora de conceder los fondos y también en la justificación posterior que se hacía de esos programas formativos.
Asimismo, se relataban supuestas irregularidades que habrían sido detectadas, tanto previamente, como es el caso de falta de capacitación de algunas de las empresas a las que se concedieron los fondos mediante convenio; y también posteriores, por el supuesto incumplimiento en la contratación del 60 por ciento de los alumnos o posibles falsedades en los partes de asistencia.
Los investigadores aludían en un último informe a la inexistencia de dicho control en ocasiones y también hacían mención a la falta de concurrencia competitiva en esta convocatoria de subvenciones, así como que cabría la posibilidad de un supuesto favorecimiento a determinadas empresas que se presentaron a la convocatoria de ese año.
La Fiscalía solicita al juzgado que se practiquen diligencias de prueba, como la citación a varias personas, como testigos o como imputadas, según los casos. De hecho, la Policía, en sus pesquisas, ya tomó declaración a unas 200 personas, en su mayoría alumnos de estos cursos. La causa se encuentra en trámite de reparto entre los 14 juzgados de instrucción de la capital.
