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Huelva

Asaja exige a las administraciones acuerdo y acción para acabar con los asentamientos

La organización agraria critica que \"los representantes políticos y la administración se pasen año tras año la patata caliente cuando cientos de personas sufren una situación absolutamente inadmisible\"

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  • Asentamiento en Lepe -

La organización agraria Asaja-Huelva, patronal de la agricultura onubense, depositaria mayoritaria de la confianza de los productores hortofrutícolas de la provincia, firmante del convenio del campo y promotora y miembro de las principales sectoriales, mesas y de la Interprofesional de la Fresa de Huelva, iniciará desde el día de hoy los contactos y negociaciones que sean necesarias para lograr que Huelva, en un futuro próximo, "no sea vista como una provincia en la que se da una situación impropia de un país europeo en pleno siglo XXI". Y lo hará porque, "lamentablemente, quienes tienen una responsabilidad real y un compromiso con los ciudadanos para responder con eficacia y celeridad a situaciones como las que se producen en algunos puntos de la provincia, no lo hacen, incumpliendo reiteradamente con esos compromisos y demostrando con su actitud una total falta de humanidad y de respeto hacia todos los ciudadanos", indican en un comunicado.

Asaja-Huelva considera "una falta de respeto y una demostración de escasa sensibilidad que se mantenga y se permita, año tras año, que cientos de personas malvivan en territorio onubense sin más atención ni gestión institucional de su situación que la que puntualmente se les brinda cuando ocurre una desgracia en un asentamiento". Esto, además, aseguran, "daña terriblemente la imagen de la agricultura onubense, a la que siempre se termina culpando de una situación que trasciende lo meramente sectorial", a lo que añaden que "la afluencia de personas en situación irregular en territorio español y su posterior permanencia en el país, sin recursos y sin seguridad jurídica, es un problema a nivel europeo".

Entiende la organización que se trata de un asunto "ciertamente sensible y delicado", sobre todo a la hora de "mantener una imagen pública amable y permanecer en los límites de lo políticamente correcto". Pero definitivamente "es un problema grave al que hay que atender sin más dilación, porque su retraso no sólo no lo hará desaparecer de forma mágica, sino que provocará un empeoramiento imperdonable, más aún cuando es de vidas humanas de lo que estamos hablando, destacando que los políticos deberían primar las soluciones para que la sociedad sea lo más justa y ética posible, haciéndolo con la mayor eficiencia y eficacia".


En el año 2010, cuando Asaja-Huelva presidía la Interprofesional de la Fresa de Andalucía, su presidente, José Luis García-Palacios, presentó un escrito formal ante la Fiscalía Provincial de Huelva mostrándole su preocupación por la situación de los asentamientos y pidiéndole su intervención. Desde finales de la década de los años 90 del siglo pasado, en la provincia de Huelva y por demanda de la propia Asaja-Huelva y otras asociaciones, se estableció el sistema de contratación de trabajadores extranjeros en origen debido a la falta de mano de obra que afectaba al sector agrario. Este sistema estaba reglado y supervisado por las administraciones públicas, garantizando la protección y bienestar de los trabajadores que acudían a la provincia a desempeñar su labor, así como la de los empresarios a la hora de cubrir sus plantillas y sacar adelante las campañas agrícolas.

A partir de agosto de 2008, el sector agrícola, mayoritariamente sensible a las circunstancias sociales que van sobreviniendo en cada época, atendió al llamamiento social y comenzó a priorizar la contratación de mano de obra local, también en este caso con la supervisión y la canalización de la administración pública. En un caso y en el otro, "el sector ha evitado ejercer un efecto llamada y ha recordado la imposibilidad absoluta y duramente castigada por la ley a la hora de emplear a personas que no se encuentren en situación regularizada". Asaja-Huelva "ha procurado siempre recordar a sus socios este particular, y ha dejado clara su postura con respecto a quienes, incumpliendo la ley y las premisas de la patronal, decidan contravenir las normas: NO SERÁN PROTEGIDOS, NI DEFENDIDOS, NI AMPARADOS POR LA ORGANIZACIÓN si son descubiertos por las inspecciones o por fuerzas del orden, que en este caso son quienes tienen la responsabilidad de detectar los incumplimientos".

Así las cosas, Asaja-Huelva encuentra "tremendamente injusto el daño que cada año, siempre por las mismas fechas -curiosamente el punto álgido de la campaña de la fresa- se provoca a la agricultura relacionándola de manera infundada con la situación de los asentamientos, que además se hallan mayoritariamente en terrenos públicos". Esta circunstancia "es además aprovechada sistemáticamente por países productores y competidores directos de la agricultura onubense". En estos puntos, insisten en que "estos hacen uso torticero de ciertos medios de comunicación de su área de influencia, que publican informaciones absolutamente sesgadas e interesadas, manipulando la realidad para convertir a nuestra provincia, ante su público, en un lugar donde supuestamente la humanidad, el orden y la legalidad brillan por su ausencia, un daño que no sólo afecta al sector agrícola, sino a toda la sociedad española y onubense, más concretamente".

Por ello, "ante la falta de respuesta de las administraciones públicas y su costumbre en culparse mutuamente de aquellas cosas que ninguna soluciona, Asaja-Huelva reunirá esta misma semana a su sectorial de la fresa y a continuación solicitará formalmente la participación de todas las organizaciones, asociaciones sectoriales, uniones y federaciones de productores y de cooperativas para, a su vez, iniciar los contactos que sean precisos, a los niveles que sean necesarios, con el fin de que de una solución contundente y definitiva a esta problemática".

Asaja-Huelva insta a la totalidad del sector a la unidad y la colaboración en este asunto que "nos afecta a todos, para volver a dar a la sociedad un ejemplo que pone en evidencia a las administraciones".

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