CCOO y UGT se han concentrado hoy ante la sede administrativa del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en Huelva para denunciar la existencia de casi 2.000 expedientes pendientes de resolución en la provincia, lo que supone un retraso superior al número de expedientes registrados en 2013.
Según los datos aportados por los sindicados, el Fogasa acumulaba en diciembre 1.843 expedientes sin resolver, un 111,49 por ciento de atraso sobre la entrada anual de demandas en el organismo, que entre los años 2012 y 2013 fue de 3.306 nuevos expedientes.
Los secretarios generales de CCOO Huelva, Emilio Fernández y su homólogo en UGT-Huelva, Francisco Espinosa, han encabezado esta protesta en la capital onubense, durante la que han exigido "mayor agilidad y eficacia a un organismo de cuyas decisiones dependen miles de trabajadores onubenses que han sido despedidos sin que sus respectivas empresas asumieran el coste de sus indemnizaciones".
Fernández ha denunciado que "el ataque que el Gobierno del PP está llevando a cabo contra la clase trabajadora es completo, por un lado aprueban una reforma laboral que facilita y abarata el despido, y por otro, el organismo que debería garantizar a los trabajadores el cobro de sus indemnizaciones se paraliza y retrasa estos pagos generando una situación dramática en el caso de muchos trabajadores".
Igualmente, han indicado que "los retrasos de Fogasa muestran muy a las claras la ineficacia de la externalización de los servicios públicos, ya que no debemos olvidar que desde que se hiciera cargo la empresa Tragsatec, se han acumulado un mayor número de retrasos en la tramitación de los expedientes hasta llegar a un punto insostenible"".
Ante esta realidad, desde CCOO se ha recordado que ya se exigió hace meses "soluciones inmediatas con un plan de choque urgente para que se resuelvan en tiempo y forma los expedientes, y al menos se cumplan tres meses por ley, pues se trata de trabajadores que han sido despedidos y cuyas indemnizaciones y salarios de tramitación están pendientes de cobro".
"Sin embargo una vez más lo que nos encontramos es la negativa a tomar cartas en el asunto por parte del Gobierno, con lo que supone de desprotección para estas personas", ha criticado Fernández.
