La diputada socialista Mamen Sánchez ha denunciado hoy en rueda de prensa, junto a la diputada por Madrid Ángeles Álvarez, la pérdida de derechos civiles y libertades que el PP está imponiendo con leyes tan retrógradas como la reforma de ley del aborto. Sánchez ha asegurado que frente a las intenciones del Gobierno de la derecha, “vamos a estar con todas aquellas mujeres que por sus convicciones nunca abortarían, pero también con todas esas mujeres a las que el PP quiere obligar a ser madres, aunque ellas no quieran y con todas las que decidan interrumpir un embarazo y lo quieran hacer en su ciudad y en un sistema sanitario público que garantice su vida y su salud.”.
La diputada aseguró que “los socialistas queremos parar esta reforma junto a todas esas mujeres que no entienden como un gobierno, por mucha mayoría que tenga, puede hacer que mujeres que no quieran ser madres se vean forzadas a serlo, porque con la moral no se puede gobernar y mucho menos legislar”. Por ello, aclaró que desde el PSOE se va a actuar desde todos los ámbitos “para tumbar esta reforma”, con iniciativas en el Congreso, en el Parlamento andaluz, en las diputaciones y en los ayuntamientos, tal y como se va hacer también por parte del Grupo Municipal Socialista en Jerez.
La diputada socialista emplazó a García- Pelayo a que aclare con quién está; si con las mujeres o contra las mujeres, ya que va a tener el privilegio de poder votar en el Senado y en el Ayuntamiento de Jerez sobre el contenido de la reforma de la ley del aborto. En este sentido, la diputada socialista defendió que el PP permita la libertad de voto a sus concejales y diputados para que no se vean obligados a votar bajo la presión de sus convicciones morales y religiosas. De igual forma, solicitó que “a la hora de votar piensen que probablemente mujeres de su entorno podrán ir a abortar a cualquiera de los 20 países europeos donde se puede interrumpir un embarazo, pero que la mayoría de las mujeres jerezanas no tienen medios para hacerlo y que si apoyan esta reforma solo les deja dos salidas, o aguantase con un embarazo no deseado o abortar en la clandestinidad poniendo en juego su salud y su vida”.
Sánchez pidió, además, a Pelayo que reflexione, como máxima representante de esta ciudad, “ya que que la ley actual no obliga a nadie a abortar pero la reforma que prepara Rajoy y Gallardón sí obliga a las mujeres a tener un hijo aunque no lo deseen”. De hecho, estimó que si se aplicara la ‘ley Gallardón’ sólo el 8 por ciento de los abortos que se practican en Jerez, se podría seguir llevando a cabo, con lo que cuestionó a Pelayo si puede dar una repuesta al 92% de jerezanas que no podrían abortar por no tener una ley que los ampare.
La diputada también cuestionó si la alcaldesa puede garantizar que los servicios sociales del Ayuntamiento “se van a poner las pilas y va a dar prioridad a los informes de asesoramiento que tiene que emitir para autorizar casos de aborto con la nueva normativa, teniendo en cuenta los retrasos de más de 200 días que tienen los servicios sociales municipales”.
Por su parte, la diputada socialista por Madrid Ángeles Álvarez criticó que “esta reforma no tiene como objetivo disminuir el número de abortos, sino que pone en riesgo la vida de las mujeres”. Apuntó que “en la última década, en nuestro país se han producido 130.000 abortos y la legislación lo que ha hecho es facilitar la seguridad sanitaria y jurídica para las mujeres que han decidido no ser madres”.
“La legislación -añadió- debe ir enfocada a ofrecer esas garantías jurídicas y sanitarias”, al tiempo que criticó que la reforma “va contra la mayoría, es una ley no reclamada por la sociedad y sólo atiende demandas de la Conferencia Episcopal y la ultraderecha. Se trata de una ley muy restrictiva, que saca a España del marco europeo para equipararnos a países del Cono Sur”. Álvarez denunció que con esta reforma, “las mujeres se verían obligadas a abortar en la clandestinidad, sin garantías sanitarias y jurídicas, lo que significa que el PP está dispuesto a abocar a las mujeres a una situación de preconstitucionalidad”.
La diputada socialista denunció, además que la ley parece hecha por una “mente perversa”, dado el itinerario que se exige para que las mujeres puedan acogerse a uno de los supuestos legales que permite abortar, en el que será necesario informes médicos, psiquiátricos e, incluso, de los servicios sociales. “Se trata -dijo- de un calvario tortuoso y de una estrategia de chantaje emocional y de presión hacia las mujeres”. Por último, aclaró que el único consenso que va a respetar el PSOE es la libre decisión de las mujeres sobre su maternidad y defendió el mantenimiento de la actual ley de plazos.
