El grupo socialista de la Diputación de Granada ha interpuesto este martes una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía por la supuesta compra "por parte de la dirección del PP" del acta del concejal "díscolo" de Loja, Antonio María Caro Derqui, "a cambio de un contrato de asesoramiento jurídico externo" en la empresa pública Visogsa.
Según señala el PSOE, Caro Derqui provocó una "crisis de gobierno" en Loja al abandonar su cargo como teniente de alcalde en el ejecutivo local, pero no dejó el acta de concejal hasta que firmó ese contrato con la empresa de Vivienda y Suelo de la Diputación.
Los representantes socialistas denuncian la presunta comisión de delitos de cohecho y "apaño" de contrato público y han llevado el caso a la Fiscalía Superior ante la supuesta implicación en el "amaño" de "cargos políticos del PP aforados, como es el caso del actual senador popular y exalcalde de Armilla, Antonio Ayllón".
Así lo ha indicado el diputado provincial socialista y consejero de Visogsa Manuel Gómez Vidal, quien ha incidido en que su formación ha agotado todas las vías políticas posibles antes de acudir a los tribunales para exigir explicaciones y la anulación del contrato al concejal disidente.
Según ha indicado, los socialistas han solicitado "reiteradamente" la celebración de consejos de administración en la empresa, han llevado el caso al pleno de la corporación e incluso han mantenido un encierro en la sede de la empresa pública "por la negativa del gobierno presidido por Sebastián Pérez a rectificar".
"En nuestro encierro ya dijimos que nunca más diríamos que vamos a, sino que venimos de", ha recordado Gómez Vidal, quien ha indicado que este caso constituye una "crónica" de la supuesta compra de un acta de concejal para asegurar la gobernabilidad en el municipio de Loja. "Existen hechos objetivos que evidencian que la existencia de una crisis de gobernabilidad en el Ayuntamiento de Loja fue zanjada con un contrato en Visogsa", ha afirmado.
El diputado socialista ha justificado la interposición de la denuncia ante la existencia de indicios "muy fuertes" de la posible comisión de un delito de cohecho y otro de concertación o "apaño" de contrato público. Gómez Vidal ha asegurado que el gobierno provincial del PP promovió un concurso "sin publicidad" en Visogsa para adjudicar el servicio de asesoramiento jurídico en materia de cobro de impagados, desahucios y gestión de comunidades de propietarios.
Además del despacho de abogados del concejal que amenazaba la estabilidad del gobierno del PP en Loja, fueron invitados otros dos despachos, según señalan los socialistas en su denuncia, que incluye que la contratación incumplió "deliberadamente" tanto la Ley de Contratos del Sector Público, así como "las propias instrucciones aprobadas por el consejo de administración de la sociedad".
Para el PSOE, la dirección de Visogsa "incumplió" el mínimo de empresas invitadas, ya que, según consta en el correspondiente informe de calificación de la documentación general presentada por los licitadores, uno de los despachos no concurrió finalmente al procedimiento "por carecer de solvencia técnica y profesional para el desarrollo del objeto del contrato, y al no poder acreditar experiencia alguna en relación con el objeto contractual".
Gómez Vidal ha afirmado además que "curiosamente" el otro despacho está especializado en Derecho Laboral y Derecho Internacional, "ámbitos que nada tienen que ver con el asesoramiento jurídico en materia de cobro de impagados, desahucios y gestión de comunidades de propietarios". De esta manera, la única oferta apta resultó ser la de Caro Derqui, que se hizo con un contrato de 43.200 euros más IVA.
El socialista ha incidido en "la existencia de indicios muy relevantes de predeterminación y concierto" en la adjudicación del contrato que puede responder, según señala la denuncia, "a la contraprestación o recompensa por una negociación política para propiciar la renuncia al acta de concejal de Caro Derqui y asegurar así la gobernabilidad del Ayuntamiento de Loja".
"Estos indicios, unidos al rechazo del PP a actuar, han imposibilitado cerrar el caso por vías políticas, por lo que corresponderá a los tribunales dirimir la posible comisión de delitos en el caso", ha concluido Gómez Vidal.
