Un equipo de la Universidad de Sevilla supervisó algunas de las inversiones de la Fundación deSevilla que investiga un juez y encontró en ellas "incoherencias" y gastos "excesivos", según declaró uno de sus miembros a la Guardia Civil.
Antonio Ramírez de Arellano Agudo, catedrático de Ingeniería de la Edificación y padre del actual rector, Antonio Ramírez de Arellano López, formó parte de un grupo de la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla (FIUS) a quien la Fundación deSevilla encargó en 2008 supervisar sus proyectos en Cuba, Nicaragua o el Sahara Occidental.
Entre sus conclusiones, según explicó el testigo a la Guardia Civil, se encontraba que un equipo informático de 45 ordenadores y tres impresoras para La Habana se pagó a un precio medio por unidad de 937 euros, "como mínimo un 25 % mas alto de lo existente en el mercado" a esa fecha.
Además, los "gastos de presentación y evaluación se consideraban muy altos" pues ascendieron a 17.000 euros, el 21% del total.
No obstante, el FIUS informó favorablemente el proyecto, aun siendo algunos conceptos descompensados, por la "importancia del objetivo y de la solvencia de las entidades implicadas (CCOO, Sevilla Global y la Fundación deSevilla)", según el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso Efe.
Este informe de la Guardia Civil ha sido aportado al juez que investiga presuntos delitos de malversación, falsedad y delito societario en la Fundación deSevilla y que ha imputado en la causa al anterior primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos, al exconcejal Carlos Vázquez (IU) y al exgerente de la Fundación Miguel López Adán.
Además, la Guardia Civil ha apreciado un posible delito por parte de los patronos de la Fundación, entre ellos el anterior alcalde sevillano Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) y varios concejales socialistas.
A preguntas de los investigadores policiales, Ramírez de Arellano respondió que el contrato de FIUS con deSevilla se hizo "sin tener en cuenta ninguna normativa en cuanto a publicidad, concurrencia y demás requisitos" y pese a "superar sobradamente los 18.000 euros", pues costó 41.980 euros.
También declaró haber observado "importantes incoherencias" en un proyecto para construir una presa para agua de lluvia en Tiffariti (Sahara Occidental), sobre todo 18.000 euros de mano de obra "que no tenía justificación, ya que la presa parecía tener incluida su mano de obra".
No obstante, FIUS lo aprobó "viendo en su conjunto el volumen de la inversión", que "no parecía desproporcionado con el objeto del proyecto".
En cambio, FIUS informó negativamente un proyecto para adquirir recursos técnicos destinados al Instituto Nacional de la Juventud de Nicaragua, pues no se precisaban las características del equipamiento y su utilidad, por lo que "atendiendo al elevado importe destinado al proyecto, 200.000 euros, y no tener garantía de que ese destino fuese recogido en el proyecto se concluyó desfavorablemente".
Los investigadores también rechazaron un proyecto para adquirir un horno incinerador para el cementerio Colón de La Habana ya que "carecían de información suficiente con respecto a las características del horno, así como de las instalaciones complementarias necesarias para su correcto funcionamiento".
