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El juez pide al fisco catalán otro informe que aclare los errores sobre la Infanta

José Castro ha pedido a la Agencia Tributaria de Cataluña un nuevo informe rectificando el del pasado 13 de junio que atribuía a la Infanta Cristina la venta de fincas y tierras por valor de 1,43 millones de euros

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El juez que instruye el caso Nóos, José Castro, ha pedido a la Agencia Tributaria de Cataluña un nuevo informe rectificando el del pasado 13 de junio que atribuía a la Infanta Cristina la venta de fincas y tierras por valor de 1,43 millones de euros tras la compra de su domicilio en el barrio de Pedralbes, con el fin de corregir aquellos extremos en los que advirtiera que no se ajustan a la realidad y "explicando de manera comprensible y documentada las razones a que obedece la disparidad".

   En un nuevo Auto judicial, Castro solicita que el nuevo informe, la Agencia Tributaria "aclare" por qué el anterior del 13 de junio "no se hace eco" de la venta por parte de la Infanta Cristina, en un porcentaje determinado, de un piso, aparcamientos y trastero en la Avenida de Pedralbes número 55 de Barcelona.

   Asimismo, pide que se informe si se ha iniciado alguna actuación inspectora o de comprobación en relación con esas supuestas transmisiones que se atribuían a la Infanta, "tanto en orden de determinar un supuesto incremento patrimonial, como para esclarecer el origen de esas propiedades que supuestamente transmitía de lo que, en su caso, se remitirá testimonio".

   En el mismo Auto, Castro deniega la petición formulada por el Sindicato Manos Limpias de llamar a declarar en calidad de testigo a la directora de la Agencia Tributaria de Cataluña y a los responsables del informe del pasado 13 de junio.

   Al mismo tiempo, deniega oficiar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para que emita un informe acerca de qué personas y en qué momentos han accedido, desde el inicio de este año hasta la actualidad, a la información que en la citada Agencia consta a nombre de Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia, provista de DNI número 00000014-Z, dentro del marco de lo que se llama 'control de accesos'.

   Asimismo, ha aplazado al 11 de julio a las 10.00 horas la declaración del exsocio del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, en el Instituto Nóos, Diego Torres, que estaba prevista para el 3 de julio, después de que su abogado haya pedido su aplazamiento por no poder acudir al interrogatorio.

   Cabe recordar que Torres, a quien el juez ha atribuido un nuevo delito fiscal, será interrogado en torno a la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que habría defraudado en el ejercicio fiscal de 2007.

   En el mismo Auto, Castro también deniega la petición de Manos Limpias, consistente en que se oficie a la Inspección de la Seguridad Social para que en relación con la mercantil Aizoon S.L. se emita informe acerca de la posible comisión por parte de Urdangarin y la Infanta Cristina, propietarios al 50% de Aizoon de un delito de los artículos 307 y siguientes del Código Penal, referidos a un fraude a la Seguridad Social.

   Por otra parte, el juez declara pertinentes las preguntas a las que habrán de contestar los testigos Margarita Latiesa ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada este miércoles a las 11.00 horas y José Enrique Bigne y Amparo Sancho ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia, el próximo viernes a las 11.20 horas, contenidas en el pliego presentado por el abogado del expresidente del Govern balear Jaume Matas.

   Finalmente, Castro señala que se tienen por hechas las alegaciones presentadas por la defensa de la esposa de Diego Torres, Ana María Tejeiro, en relación con el recurso de reforma interpuesto contra la resolución denegatoria de su sobreseimiento en este caso.

   INFORME "ERRÓNEO" DE LA AGENCIA TRIBUTARIA

   Cabe recordar que el informe de la Agencia Tributaria del pasado 13 de junio, que el Ministerio de Hacienda lo achacó a un "error" por confundir el DNI de la Infanta Cristina con otro DNI, revelaba que la hija del Rey vendió fincas y tierras que poseía en la provincia de Alicante, Ciudad Real y Barcelona por un valor total de 1.435.603 euros entre los años 2005 y 2006, poco después de sustanciarse la compra por 5,8 millones de euros de su domicilio en el barrio de Pedralbes de la ciudad condal.

   En lo referido a bienes inmuebles, el informe señalaba que de la información aportada por notarios y registradores no se deduce la existencia de transmisiones el periodo 2002 a 2004 y tampoco desde 2007 a 2012. Las ventas se concentran entre 2005 y 2006, poco después de que adquiriera junto con su marido, Iñaki Urdangarin, el denominado "Palacio de Pedralbes" en Barcelona, en octubre de 2004.

   Así, en febrero de 2005 constan dos ventas en  la zona de la Playa de San Juan de Alicante. Una por valor de 162.283 euros y otra por 6.000 euros.

   A finales de ese año, según indicaba, en el mes de noviembre, se registraron hasta cinco ventas de diferentes fincas ubicadas en Valenzuela de Calatrava (Ciudad Real). Concretamente vendió propiedades por 910 euros (finca denominada Lavaderos), 5.725 euros (Los Pocillos), 2.636 euros (Lomillas), 46.500 euros (finca en la Calle Los Carros) y 843 euros (Cerro de la Cruz).

   El año siguiente, en 2006, el informe refleja que Doña Cristina vendió en marzo de 2006 una propiedad en Calella (Barcelona) por 450.000 euros y otras cinco en Pilar de la Horadada (Alicante) ese mismo mes, unos días más tarde.

   Estas últimas, según el informe, son las que más ingresos le reportaron. Vendió concretamente por valor de 296.966 euros la finca denominada La Almazara y por 253.340 otra que aparece registrada con el nombre Los Villenas. Las tres restantes fueron más baratas, aparecen reseñadas con un precio de transmisión de 10.570 euros la finca Los Veras o Almazarica; por 50.830 euros otra también en la zona La Almazara y una Ültima por 149.000 euros una última reseñada igualmente en Los Villenas.

   El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, apuntó el pasado viernes que los "errores" cometidos y que llevaron a atribuir a la Infanta Cristina la venta de tierras y fincas por 1,4 millones de euros pueden ser "compartidos" y, por eso, pidió "prudencia" a "todos los que intervienen en estos procedimientos".

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