Todas las comunidades autónomas menos Cantabria mantienen en la actualidad consejos consultivos propios y hasta diez cuentan con la figura del defensor del pueblo autonómico, dos de las instituciones que el Gobierno recomienda suprimir en su informe sobre la reforma de las administraciones públicas como media de ahorro, teniendo en cuenta que ya existen estos organismos a nivel nacional.
Precisamente el viernes, coincidiendo con la aprobación del citado informe en el Consejo de Ministros, el Pleno de la Junta General del Principado de Asturias acordó suprimir su defensor del pueblo, conocido allí como Procuradoría, lo que supondrá, según el PP, un ahorro de 2,5 millones de euros. Sus funciones serán asumidas por la Comisión de Peticiones del Parlamento regional.
La conveniencia de eliminar este tipo de organismos para ahorrar, evitar duplicidades y "ganar en eficiencia" ya fue planteada por el Ejecutivo el pasado año cuando las comunidades autónomas fueron llamadas a llevar a cabo sus planes de ajuste para cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Según los datos recabados por Europa Press, sólo el mantenimiento de estas dos instituciones les cuesta a las CC.AA. un total de 60 millones de euros anuales.
A raíz del aviso del Gobierno, algunas regiones ya optaron entonces por acogerse a la recomendación. Fue el caso de Castilla-La Mancha y Murcia, las cuales decidieron prescindir de sus respectivos defensores del pueblo el pasado año junto a otras instituciones autonómicas y ahorrar así en sus presupuestos casi cuatro millones de euros anuales. Además de Asturias y de estas dos regiones, Cantabria, Baleares, la Comunidad de Madrid y Extremadura tampoco cuentan con esta institución.
Por su parte, la oficina del defensor del pueblo de La Rioja se encuentra ahora mismo vacante después de la dimisión de su última titular y hay un debate en la región sobre la continuidad o no del órgano. Ahora, los partidos están negociando alguna fórmula que permita a la institución seguir trabajando, pero con un presupuesto mucho menor y la posibilidad de que su titular compatibilice el cargo con otro puesto o lo ocupe alguna personalidad relevante de la comunidad.
SÍNDIC DE GREUGES, CASI SIETE MILLONES
En total, las comunidades que sí cuentan con sus propios defensores de los ciudadanos ante las instituciones gastan en ellos más de 25 millones de euros anuales. En concreto, el que está dotado con un mayor presupuesto es el Síndic de Greuges catalán, que asciende a casi siete millones de euros. Por detrás se sitúan el defensor del pueblo andaluz, con algo más de cinco millones en 2013; el Ararteko vasco, con 4,7 millones de euros (cifra del presupuesto del 2012); el Síndic valenciano, con una dotación de 3,3 millones; o el Justicia de Aragón, con 2 millones de euros.
Asimismo, todas las comunidades han rebajado la partida destinada a este fin en los presupuestos de los últimos años. Es el caso por ejemplo de Galicia, donde el proyecto de la Xunta para 2013 contempla un descenso del 11,70 por ciento, o el de Navarra, que ha cuantificado la rebaja en el 5 por ciento.
Sin embargo, el descenso más llamativo en esta partida es el que contemplan los presupuestos de Canarias para este ejercicio, en los que la dotación para su defensor del pueblo --conocido como Diputado del Común-- es un 81,74 por ciento inferior a la del pasado año y se queda en 535.038 euros.
EN CANARIAS, REDUCCIÓN DEL 80%
También Canarias ha rebajado más de un 80 por ciento la partida destinada al consejo consultivo autonómico, un órgano que poseen todas las comunidades autónomas menos Cantabria y que reproduce en las regiones las funciones del Consejo de Estado de control de la constitucionalidad y adecuación a la legislación vigente de las nuevas leyes.
Sumadas las partidas que incluyen los presupuestos, las comunidades destinan más de 26 millones de euros anuales a sus consejos consultivos autonómicos. El de la Comunidad de Madrid recibe en los presupuestos de este año 4,3 millones de euros; 3,3 el de Andalucía; o algo más de tres millones el catalán. Mientras, los de otras regiones funcionan con una dotación mucho menor, como es el caso de los consejos de Aragón (300.000 euros), La Rioja (359.000) o Navarra (470.000).
Estos consejos consultivos están al servicio de las administraciones públicas de la comunidad autónoma y tienen como fin último velar por la legalidad de los actos y disposiciones administraciones, para lo que actuarán a instancia de las autoridades autonómicas o de las entidades locales.
Todos ellos gozan de independencia en el ejercicio de su función y plena independencia respecto a cualquier otro órgano de la administración. Normalmente, sus consejeros se reparten entre nombrados por el presidente autonómico, por el Gobierno regional o por el Parlamento. Además, en algunos casos forman parte de ellos los expresidentes de la comunidad. Por ejemplo, este es el caso del Consello Consultivo de Galicia, del que forma parte como conselleiro nato Emilio Pérez Touriño, Xerardo Fernández Albor y Fernando González Laxe.
Algunos de los consejos consultivos autonómicos tienen sus sedes en edificios históricos localizados en la comunidad. Es el caso del de Castilla y León, ubicado en un edificio emblemático situado a escasos metros de la Catedral de Zamora o el de Asturias, situado en la denominada Casa Nava, un edificio levantado durante el último tercio del siglo XVII en el barrio histórico gijonés de Cimadevilla.
DEBATE SOBRE SU NECESIDAD
El debate sobre la continuidad de este tipo de organismos autonómicos, abierto desde hace meses, ha vuelto a cobrar relevancia en el seno de las comunidades autónomas a raíz de la presentación por parte del Gobierno del informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), que incluye 217 medidas, 120 de ellas relativas a duplicidades entre administraciones.
No obstante, son muchas las voces --procedentes de todas las formaciones políticas-- que defienden su necesidad para garantizar la limpieza de las actuaciones de las administraciones y la protección de los ciudadanos frente a las decisiones de las instituciones, o por su tradición histórica, como el Justicia de Aragón.
El propio Gobierno es consciente de que para algunas CC.AA., instituciones como el defensor del pueblo tienen un "valor político mayor", como es el caso de Cataluña, según fuentes del Ejecutivo. Por ello, subrayan que serán las comunidades las que deberán decidir si quieren aplicar o no las sugerencias y recomendaciones que recoge el informe. Lo que sí han hecho todas las autonomías es rebajarles la dotación que reciben a través de sus presupuestos autonómicos.
