El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, José Chamizo, ha dicho sentirse "aterrado" por el caso de la niña de seis años aparecida muerta en Campillos (Málaga) presuntamente a manos de su padre, que había sido condenado a seis meses de cárcel por un delito de maltrato contra su expareja, aunque entiende que "cada caso de maltrato y cada caso de menores es distinto" e insta a que "se vaya poco a poco y distinguiendo" cada uno de ellos respecto al tema del régimen de visitas.
En rueda de prensa en Sevilla, ha recordado que la Institución "fue, orgánicamente, casi de las primeras que se pronunció" sobre este tema, que en la Oficina del Defensor "se ha vivido con mucha fuerza". Así, se ha referido al informe especial 'Menores expuestos a violencia de género: víctimas con identidad propia', presentado por Chamizo en la Comisión de Salud y Bienestar Social en el Parlamento el pasado octubre, y cuya presentación contó con el testimonio de hijos de víctimas de violencia de género.
En este sentido, el Defensor ha señalado que "socialmente ya se ha logrado" que, dentro de la violencia de género, "se tenga en cuenta a los menores". Ahora, continúa, "el debate se traslada a un campo en el que no nos hemos pronunciado", con la Fiscalía que dice que "incluso los padres con condena por maltrato tienen derecho al régimen de visitas"; y los colectivos feministas, "que dicen que en cuanto hay maltrato, tienen que perder este derecho".
"Nosotros, por conciencia, nos situamos en medio, ya que entendemos que cada caso de maltrato y cada caso de menores es distinto", afirma Chamizo, toda vez que asegura que "lo que le preocupa" a la Institución es si "por ejemplo, antes del tema de las vacaciones, como ha sucedido ahora en el caso de Campillos, ha habido encuentros previos en los llamados puntos de encuentro o si se ha hecho un seguimiento adecuado de la actitud de este padre con la madre y con la niña".
Al hilo de lo anterior, ha señalado que la muerte de la menor de seis años "tiene que hacer reflexionar" sobre el hecho que "hay que poner mucho más la lupa en esos recursos por donde pasan los padres que están en continuo litigio, no solo los tribunales sino también puntos de encuentro", o si "hay intervención del equipo de familia".
No obstante, Chamizo precisa que "su miedo" ante esta tragedia es que "se haga una norma que después haya que decir que es excesiva", por lo que prefiere que "se vaya poco a poco y distinguiendo cada caso". Asegura que "si hay un maltrato que el niño ha vivido sería suficiente para suspender la visita"; pero, precisa que hay otros casos "en los que no se da así el maltrato", por eso la Fiscalía "insiste mucho en este argumento de cada caso individualizado".
De este modo, Chamizo reitera que "hay determinados argumentos que hay que estudiar", es decir, "determinadas variables que tiene que tener el Ministerio Fiscal y el juez por delante". Para ello, añade, "hay que hacer un informe que debe realizar un equipo psicosocial", pero "se hacen estos informes", se pregunta, al tiempo que precisa que "hay casos en que sí se hacen y casos en que no".
"Me aterra lo que ha pasado" en Campillos, lamenta el Defensor, pero "imagino que puede haber otros casos de gente más normal, de hombres que puedan querer a sus hijos aunque hayan tenido un rifirrafe", concluye.
