El sexto teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense y presidente de la sociedad gestora del mercado central de abastos de Sevilla, el concejal popular Gregorio Serrano, ha asegurado este martes que, por obligación "moral y legal", el nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) que se cierne sobre Mercasevilla contará con un "plan de recolocación" para que sus efectos rijan sobre "el mayor número de trabajadores". Dicho ERE, como se ha informado, deriva de la liberalización promovida por el Gobierno municipal del PP sobre los servicios de la lonja de pescado.
En declaraciones a los medios de comunicación, Gregorio Serrano ha avanzado detalles sobre la reunión que el próximo jueves celebrará con el comité de empresa de la sociedad mixta Mercasevilla, participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense. El encuentro se celebrará en un momento en el que el Consistorio ha aprobado ya de manera inicial la modificación de reglamentos necesaria para materializar la liberalización de los servicios de la lonja de pescado, extremo que afecta a un centenar de los 198 trabajadores de Mercasevilla. Los empresarios mayoristas de pescado se han ofrecido a contratar en la medida de lo posible a los empleados que se vean afectados por los despidos, pero naturalmente en condiciones al margen del convenio colectivo de Mercasevilla.
NUEVO ERE EN MERCASEVILLA
Gregorio Serrano, en cualquier caso, ha explicado que el jueves trasladará al comité de empresa de Mercasevilla "el proceso de reforma de los reglamentos" y "el plazo que se va a abrir para negociar el expediente de regulación de empleo que, desgraciadamente, tenemos que hacer por imperativo de la Unión Europea". Sobre el nuevo expediente de regulación de empleo, el tercero en diez años, Gregorio Serrano ha explicado que el Ayuntamiento y Mercasevilla están "moral y legalmente obligados" a promover en paralelo "un plan de recolocaciones". "Intentaremos que este plan llegue al mayor número posible de trabajadores", ha asegurado.
Rafael Domínguez (CCOO), presidente del comité de empresa de Mercasevilla, ha explicado por su parte a Europa Press que los abogados de las uniones provinciales de CCOO y UGT trabajan ya en las alegaciones que la representación de la plantilla formalizará ante la citada modificación de los reglamentos de Mercasevilla, dado que el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado ya el acuerdo plenario relativo a la aprobación inicial de la modificación de tales textos.
EXPEDIENTE EN LA COMISIÓN EUROPEA
La liberalización de los servicios de la lonja parte de un informe elaborado por Luis Enrique Flores, secretario general del Ayuntamiento y del consejo de administración de Mercasevilla, merced a los requerimientos de la Comisión Europea. Esta institución, según el Ayuntamiento, resolvió el 11 de agosto de 2011 incoar un expediente por un posible caso de "monopolio" en torno a los servicios que Mercasevilla impone y cobra a los mayoristas de pescado.
Porque en junio de 2010, la directiva de la asociación de mayoristas de pescado de Mercasevilla elevó a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo un escrito sobre la supuesta "vulneración" de cuatro normas recogidas en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el caso de los servicios que el mercado central de abastos grava a estos empresarios por servicios como la facturación o el transporte y manipulación del género, todos ellos prestados a través de la plantilla de la propia sociedad mixta. Estos gravámenes fueron censurados por el Tribunal de Defensa de la Competencia a través de una resolución emitida en 2002 e incluso ratificada en 2006 por una sentencia de la Audiencia Nacional (AN).
EL PRONUNCIAMIENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
El Parlamento Europeo, en el seno de su Comisión de Peticiones, examinó el caso y concluyó que "el suministro obligatorio de servicios previo pago" que pesa sobre los mayoristas de pescado de Mercasevilla "podría incidir en la libertad de establecimiento". Laetitia Lecesne, responsable de Servicios de Empresa en las instituciones comunitarias, señalaba durante el debate plenario celebrado en junio de 2011 que estos cobros serían "susceptibles" de incompatibilidad con el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, que consagra el principio de libertad de empresa.
Así, y merced a los "requerimientos", el pasado 7 de mayo el secretario general del Ayuntamiento emitió un informe jurídico que concluye que los reglamentos de prestación de servicios y régimen interior de Mercasevilla necesitan una "profunda revisión" y que los servicios a prestar "en régimen de monopolio" habrán de estar circunscritos exclusivamente a los servicios públicos o comunes, con lo que "el resto de servicios deben ser liberalizados". El comité de empresa, de su lado, defiende que no pesan resoluciones definitivas sobre este conflicto y que el mencionado informe fue elaborado expresamente para justificar esta operación, toda vez que el derecho comunitario sería "inaplicable" en este caso al estar la empresa exclusivamente sujeta a la "regulación estatal".
Para el comité de empresa, en ese sentido, la liberalización de los servicios de la lonja de pescado es simplemente una decisión "política" derivada de los compromisos adoptados por el PP con el gremio de mayoristas de pescado.
