El Gobierno de Mariano Rajoy va a impulsar una reorganización del Parque Móvil del Estado (PME) que incluirá una reducción "muy significativa" de los coches oficiales de los altos cargos. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, llevará la propuesta al Consejo de Ministros de este jueves.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha hecho este anuncio durante la constitución formal de la comisión de estudio que elaborará antes del 30 de junio una propuesta de reforma integral de las administraciones públicas, un acto celebrado en el Palacio de la Moncloa al que ha asistido también el titular de Hacienda.
La 'número dos' del Gobierno ha calificado de "emblemático" e "importante" que en esta primera reunión de la comisión para la reforma de las administraciones se analice la reorganización del Parque Móvil del Estado, una reducción que, según ha dicho, "va a afectar especialmente a los altos cargos".
Aunque Sáenz de Santamaría no ha dado datos acerca de cuál será el porcentaje de reducción de coches oficiales y cuánto ahorro supondrá, ha subrayado que esta iniciativa revela las "ganas de trabajar" del Gobierno para reducir gastos en la administración y viene a "marcar la senda y la filosofía" de lo que quieren hacer para conseguir ser "más eficaces y eficientes".
Cuando el PP estaba en la oposición ya demandó al entonces Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que redujera el número de coches oficiales del Estado y, de hecho, incluyó esta propuesta en su programa electoral. En Galicia, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, optó por recortar en un 90 por ciento el parque móvil a los altos cargos de su Gobierno (pasó de 160 a 16) tras ganar las elecciones en 2009.
"HACER MUCHO MÁS CON MUCHO MENOS"
Sáenz de Santamaría ha explicado que el Gobierno quiere "acercar" la administración al ciudadano y hacerla "más eficaz" y "más viable", evitando duplicidades y mejorando la coordinación. Se trata, ha añadido, de hacer una administración pública que sepa "dar respuesta a los ciudadanos en tiempos de crisis".
En este sentido, ha recalcado que la comisión de estudio que hoy echa a andar pretende impulsar una "administración pública diferente" y "más acorde" con el siglo XXI, ya que se ha quedado "un poco atrás". "Es quizá una de las reformas estructurales más importantes que va a acometer este Gobierno", ha enfatizado.
Tras destacar que los ciudadanos están realizando "esfuerzos extraordinarios" para salir de la crisis, una aportación que "está siendo clave para garantizar la igualdad y la solidaridad", ha recalcado que "no se entiende que las administraciones públicas no sean capaces de hacer un esfuerzo igual o mayor para gestionar con mucha más transparencia, eficacia y eficiencia los recursos públicos".
"Tenemos que hacer mucho más con mucho menos y para eso tenemos que reexaminar por qué nos superponemos unas administraciones a otras en las mismas competencias, por qué gestionamos asuntos del siglo XXI con técnicas y métodos del siglo XIX o mediados del XX, y si somos capaces de gestionar y contratar de una manera mucho más eficaz y transparente", ha resaltado.
Además, Sáenz de Santamaría ha señalado que hay que examinar las estructuras y ver si es necesario en esta administración que "funciona por Internet", mantener "tantos compartimentos estancos y cerrados que multiplican altos cargos, presupuestos" y "perjudican el servicio público".
Igualmente, la vicepresidenta del Gobierno ha apostado por trabajar para garantizar la unidad de mercado, hacer un ordenamiento jurídico "asequible a todos los ciudadanos" y "unos procedimientos que estén al servicio del ciudadano y no a las comodidades de las propia administración".
CUATRO GRUPOS DE TRABAJO
La comisión de estudio, que se adscribe al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, está presidida por el subsecretario de la Presidencia, Jaime Pérez Renovales, y tiene como vicepresidenta a la subsecretaria de Hacienda y Administraciones Publicas, Pilar Platero. La secretaría recae en el director general de Coordinación de Competencias con las CCAA y las entidades locales, Jaime Parrondo.
Además, son miembros de la comisión un representante de cada uno de los departamentos ministeriales, con rango mínimo de director general; un representante de la Oficina Económica del presidente; un representante del gabinete de Mariano Rajoy y otro del gabinete de Soraya Sáenz de Santamaría.
Esta comisión de estudio tendrá que presentar antes del 30 de junio esa propuesta de reforma integral de las administraciones, de manera que se simplifique y adelgace su estructura, estudiando el coste de todos los servicios públicos para evitar duplicidades, que las administraciones se solapen y que existan organismos como las embajadas autonómicas.
La comisión cuenta con cuatro grupos de trabajo: uno relativo a la simplificación administrativa; otro para eliminar las duplicidades; un tercero para mejorar la gestión; y el cuarto sobre la administración institucional para suprimir "órganos que no valen para nada", en palabras de Mariano Rajoy.
