La ONG ecologista Greenpeace ha presentado este jueves la duodécima edición del informe 'Destrucción a toda costa 2012' en el que cifran en 100 millones de euros al año el coste de los "parches" llevados a cabo por el Gobierno a causa de su "mala gestión costera", con actuaciones como la regeneración de playas, dragados, espigones o reconstrucción de paseos marítimos, entre otras.
Según concreta el texto, esta cantidad solo contempla los Presupuestos Generales del Estado de 2012 para la gestión de obras estatales, "sin tener en cuenta que las competencias autonómicas multiplican este gasto". Por otro lado, recuerda que España se enfrenta a tres procedimientos de la Unión Europea por contaminación de las aguas costeras, que pueden acabar en una multa de otros 100 millones.
Asimismo, el director ejecutivo de Greenpeace en España, Mario Rodríguez Vargas, ha abordado "las consecuencias de la inminente reforma de la Ley de Costas", prevista "muy probablemente" para este viernes --tal y como afirmó el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, el pasado martes en una reunión con los grupos ecologistas--.
En este sentido, Rodríguez ha advertido de que la modificación apunta a una "desnaturalización" y una "debilitación" de la actual ley, que ha calificado como "pionera" pese a afirmar que ha sido "mal aplicada" durante estos años. Así, ha reclamado al Ejecutivo que "no modifique una norma que garantiza la protección de la costa" y recuerda que "la austeridad pasa por preservar algo que tenemos gratis en lugar de destruirlo".
SE HA PERDIDO EL 60% DE LOS HUMEDALES COSTEROS
De esta forma, el informe recoge que Se ha perdido ya casi el 60 por ciento de la superficie de humedales costeros y el 70 por ciento de las lagunas costeras, mientras sólo el 20 por ciento de los sistemas dunares está en buen estado. Además, indica que Naciones Unidas estima que en España se ha perdido, debido al urbanismo, la contaminación y las infraestructuras, un 50 por ciento de los beneficios económicos y ambientales de la costa y, con ellos, la capacidad del desarrollo económico futuro.
Por otra parte, la responsable de la Campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, denuncia que la política actual de costas "no está teniendo en cuenta la mayor amenaza a la que se enfrentan las costas, el cambio climático". Según cálculos recogidos por la propia organización, contener la subida del nivel del mar "supondrá para el Estado un coste de 3.415 millones de euros de aquí a 2100".
Una de las soluciones que propone Greenpeace para revertir las pérdidas es realizar una inversión estimada en 5.000 millones de euros en la recuperación del litoral --lo que supone el 3 por ciento de lo que se genera cada año sólo en turismo costero--, de forma que se vincule el turismo a la sostenibilidad. "El turismo debe mimar la costa", ha apostillado Marcos, a la vez que criticaba la gestión del Gobierno al entender que "la ausencia de un plan de gestión integrada del litoral provoca que España deje de ganar 7.745 millones de euros cada año en beneficios ambientales de la costa".
Por comunidades autónomas, los casos analizados más representativos son, por ejemplo, el gasto de 852 millones de euros al que tendrá que hacer frente Galicia debido al cambio climático; los 38,5 millones de euros que cuesta esconder los lodos contaminados de Fertiberia (Huelva); o los 33 millones de euros que supuso regenerar las playas de Barcelona entre 2008 y 2011.
"La gestión de la contaminación de las rías gallegas supone una factura de 346 millones de euros y derribar 663 viviendas ilegales en Cantabria nos cuesta en torno a 243 millones de euros", añade Marcos. Asimismo, proyectos como los de Valdevaqueros (Cádiz), El Algarrobico (Almería), Gozón (Asturias), Es Trenc (Mallorca) o Marina de Cope (Murcia), suponen "el disparatado resurgir del ladrillo".
EL ALGARROBICO, DERRUIDO "COMO TARDE" A PRINCIPIOS DE 2013
Respecto al caso de El Algarrobico, Arias Cañete ha afirmado que el hotel estará derruido "como tarde a principios de 2013", tal y como asegura el director ejecutivo de Greenpeace en España. Por ello, Rodríguez le ha reclamado al ministro "que sea coherente" si quiere que sea "una medida ejemplarizante". En cualquier caso, ha calificado de "inútil" el informe que han encargado para evaluar los costes del derribo, ya que "hay otros textos donde ya se recoge".
También ha hecho hincapié en el anuncio del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en torno a la fiscalidad 'verde' que significaría una reforma de la tributación en la que se impulsa el principio de "quien contamina paga". En este punto, Rodríguez ha insistido en que "no sirve de nada cargar a los ciudadanos con estos impuestos si la recaudación no revierte en el medio ambiente".
Finalmente, esta nueva edición del informe cuenta con el testimonio de veinte personas que viven en las diez comunidades autónomas del litoral. Éstas muestran cómo se puede vivir gracias a una costa bien conservada y, por otro lado, cómo afecta convivir con un litoral destruido, contaminado o perdido para siempre. "Con sus retratos y sus palabras Greenpeace se acerca a los efectos que las actividades humanas tienen en el equilibrio natural que conforma nuestra costa y en sus habitantes", ha concluido.
