En este sentido, las mismas fuentes consultadas han señalado que la juez instructora ha citado a estos testigos a partir del próximo día 14 de mayo, señalando que entre los mismos se encuentran tanto agentes de la Policía Local de Sevilla como empleados de las empresas de grúas donde trabajaban dos personas imputadas en el procedimiento.
Al hilo de ello, las fuentes consultadas por Europa Press han puesto de manifiesto que todos estos testigos ya prestaron declaración ante los agentes de la Gepol, el grupo especial de asuntos internos que se creó en la Policía Local una vez se tuvo conocimiento de los hechos, por lo que se hacía necesario que fueran citados también en sede judicial ya que los abogados personados no pudieron estar presentes en esas comparecencias.
Y es que el Ayuntamiento cambió de unidad a los agentes implicados y abrió una investigación interna para depurar responsabilidades. La causa afecta a una decena de miembros de la Policía Local que se encuentran en activo y un efectivo ya jubilado, todos ellos pertenecientes a la Unidad de Motoristas, así como a tres personas ajenas al cuerpo, concretamente el gerente y el trabajador de una empresa de grúas, y el empleado de una gestoría especializada en la retirada de multas.
Durante la declaración prestada el pasado mes de mayo, varios de los policías imputados admitieron que, fuera de su horario laboral y sin utilizar en ningún momento la indumentaria oficial, participaron en la descarga y colocación de vallas como "favor" a un compañero ya fallecido y presunto cabecilla de la red.
"ES COMO SI EN MI TIEMPO LIBRE ME DEDICO A PINTAR MI CASA"
Precisaron que por este "favor" no cobraron dinero alguno aunque en alguna ocasión el presunto cabecilla de la red "les daba 20 euros para gasolina". "Es como si en mi tiempo libre me dedico a pintar mi casa", llegó a decir un policía a los periodistas.
Los policías locales imputados, fuera de su horario de trabajo y ataviados con el uniforme policial, habrían realizado trabajos de escolta de traslado de mercancías o servicios relacionados con la grúa, unos trabajos por los que el Ayuntamiento cobra determinadas tasas --se calcula que entre 20 y 80 euros-- pero que ellos supuestamente se apropiaron, sin dar cuenta así al Consistorio municipal.
La investigación judicial comenzó después de que un agente de la Policía Local fuera detenido por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional dentro de una operación contra el tráfico de sustancias estupefacientes que se saldó con la intervención de 1.500 kilos de hachís.
Los agentes de la Udyco registraron la taquilla del agente detenido y, a raíz de estos registros y de una serie de escuchas telefónicas, la juez decidió investigar este presunto delito de cohecho en una pieza separada. Asimismo, incluso se creó una unidad específica dentro de la Policía Local para investigar la presunta trama.
