En una ciudad como Cádiz, cada vez más acostumbrada a los tejemanejes de las administraciones, del color que sean, que una de ellas claudique ante los deseos, ruegos, peticiones y, finalmente, exigencias, de un colectivo ciudadano es un triunfo histórico. Los protagonistas de que la Junta se haya visto obligada a proteger, aunque mínimamente, el edificio de la Aduana, son los miembros del Foro en contra de su derribo, los académicos de Bellas Artes, los más de 3.500 ciudadanos que firmaron el manifiesto y, por supuesto, las personas que han luchado haciendo grandes sacrificios para tratar de hacer justicia. Y también son ellos los beneficiados de esta decisión, aunque la que mejor parada sale es la ciudad, que conservará un edificio insigne que ha sido vilipendiado por los poderes políticos, a través de sus arquitectos y periodistas afines. Porque hoy no deben confundirse los términos. La Junta de Andalucía, aunque tarde, ha tomado una decisión independiente basada en valores técnicos. La Aduana no es un mal edificio que deba ser sacrificado. Y esto lo han dicho arquitectos, historiadores, catedráticos, profesores, pintores, escultores, músicos, políticos... Pero durante más de un año de nada servía la voz ciudadana que clamaba por la conservación del edificio. Mientras, se destruía mediáticamente el valor de la Aduana y se hacían trucos de magia, como aquellos informes independientes encargados por Dolores Caballero de los que nadie querrá hablar ahora. Nadie tiene hoy que pedir perdón por haber actuado con mala fe, porque poco excusables son las declaraciones de algunas personas. Pero, al igual que este periódico nunca se posicionó ni en contra ni a favor del derribo, sino que presionó por la rápida resolución del procedimiento, ahora no puede dejar de señalar a quienes han querido manejar la ciudad a su antojo, olvidando que Cádiz es de los gaditanos. Por eso ahora hay que señalar a los que se callan cuando deben hablar, como el Ayuntamiento. O a los que han generado un problema donde no lo había, como la Junta, que ha retrasado más de un año una decisión cantada. Este triunfo de la Aduana no es político, sino ciudadano, aunque las víctimas sean todas las administraciones: el Ayuntamiento, la Junta y el Estado.
